El Consejo de Ministros revalida la prórroga del régimen de excepción durante tres meses desde el 26 de febrero por considerar que la amenaza terrorista se mantiene a un «nivel muy elevado»
04 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno francés aprobó ayer la reforma penal que va a perpetuar buena parte de las medidas del estado de emergencia decretado por el presidente François Hollande tras los atentados del 13 de noviembre en París. El Consejo de Ministros también revalidó la prórroga del régimen de excepción durante tres meses desde el 26 de febrero por considerar que la amenaza terrorista se mantiene a «un nivel muy elevado».
El proyecto de ley otorga a jueces y fiscales nuevos medios como el uso de dispositivos técnicos para escuchar conversaciones por móvil reservados hasta ahora a los servicios secretos. El tráfico de armas y la criminalidad informática van a ser combatidos con mayor severidad. También se mejora la protección de los testigos amenazados y se limita el tope de crédito de las tarjetas de prepago.
Los registros domiciliarios serán posibles de noche, pero solo en materia de terrorismo y en caso de riesgo vital inminente. Los controles de identidad, bajo orden y supervisión del fiscal, incluirán la inspección visual y el registro de los equipajes. Las personas «cuyo comportamiento parezca ligado a actividades terroristas» podrán ser retenidas durante un máximo de cuatro horas sin asistencia de un abogado.
Los que hayan viajado o manifestado la intención de ir a países como Siria o Irak podrán ser objeto de un control gubernativo a su regreso: arresto domiciliario o confinamiento. Incumplirlo constituirá un delito penal.
También se suavizan las condiciones en las que los policías podrán usar sus armas reglamentarias. Los agentes estarán autorizados a abrir fuego si se encuentran ante un individuo armado que no les apunta pero que acaba de matar a alguien y parece dispuesto a reincidir.
El Gobierno insiste en que las medidas estarán sometidas al control de un juez, sin precisar que a menudo se tratará de un juez administrativo. Los tres principales magistrados del país acaban de firmar una declaración común, solemne e inédita, en la que lamentan una Justicia «debilitada» por la reforma penal. También reclaman un reconocimiento del poder judicial en su papel de «garante del conjunto de las libertades individuales».
Más de 3.000 registros
El portavoz Gobierno, Stéphane Le Foll, declaró que el estado de emergencia será prolongado hasta la entrada en vigor de la nueva ley, que comenzará a ser examinada por la Asamblea Nacional el 1 de marzo. La prórroga de tres meses será debatida por los senadores el próximo martes y luego por los diputados el 16 de febrero. La referencia del Consejo de Ministros cifra en 3.289 los registros practicados sin autorización judicial desde el 14 de noviembre. En ellos se han confiscado 560 armas, incluidas 42 de guerra. Fueron detenidas 341 personas y se abrieron 571 juicios.