Hubo un momento tenso y revelador el lunes pasado en la firma del acuerdo de paz en Cartagena. Cuando el comandante de las FARC Timoleón Jiménez, alias Timochenko, estaba terminando su discurso, tres cazas sobrevolaron el acto inesperadamente. Orador y público miraron al cielo con aprensión. Fue como si la sombra de la guerra pasase sobre ellos durante un instante.
Al proceso de paz colombiano también lo sobrevuelan la desconfianza y la incertidumbre. Nadie puede garantizar que el sí gane la consulta de hoy. Algunos sondeos detectan, incluso, un sorprendente ascenso del no a última hora. En parte tiene que ver con la mala situación económica, que ha limado la popularidad del presidente Santos hasta un pobre 25 %. Pero sobre todo está influyendo la campaña de Álvaro Uribe por el no. El ex-presidente tampoco goza ya de las simpatías de otro tiempo pero sigue siendo una voz respetada por muchos; y el Gobierno, demasiado absorbido por la negociación, ha tardado demasiado en empezar a responderle.
Si las redes sociales fuesen la realidad, Uribe ya habría ganado. Pero en el referendo de verdad Santos tiene a su favor la inercia de la esperanza y el hartazgo. También el argumento de la irreversibilidad. Tras cuatro años de complicadas conversaciones, la renegociación que propone Uribe es una quimera. Entre cada uno de los intentos de negociación anteriores pasaron diez años. En la práctica, el no al acuerdo sería un sí a continuar el conflicto. Como dijo Santos, la elección es entre una paz imperfecta y una guerra perfecta.
En lo que sí tienen razón los críticos es en las inmensas dificultades con las que se va a encontrar la aplicación del acuerdo. No será fácil impedir que los narcos ocupen el vacío que deje la guerrilla. Tampoco será fácil impedir que una parte de la guerrilla se pase a la delincuencia. La experiencia de otras desmovilizaciones masivas de guerrillas y paramilitares en países como Honduras o El Salvador hacen temer un aumento de la criminalidad. Cuando una guerra es larga, la paz no llega de golpe.
Otro aspecto controvertido es la participación de las FARC en la vida política. Se comprende, pero en realidad es la mejor garantía del acuerdo. El verdadero reto, de hecho, será garantizar la seguridad de los nuevos partícipes del sistema democrático. Pesa como una losa el precedente de la Unión Patriótica, el brazo político de las FARC que se aventuró a tomar parte en las elecciones entre 1985 y 2002. Más de 3.500 de sus militantes fueron asesinados por paramilitares, narcos y fuerzas de seguridad. Entre ellos había once alcaldes, trece diputados y dos candidatos presidenciales.
Por eso puede que otro punto polémico del acuerdo, el de los «tribunales de la verdad», acabe siendo el más sencillo de aplicar. Porque todos (guerrilla, paramilitares y ejército) tienen mucho que hacerse perdonar. Todos van a necesitar una justicia muy generosa; incluso una justicia injusta.
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