La economía y la corrupción lastran la popularidad presidencial en las primarias
13 ago 2017 . Actualizado a las 13:13 h.Más de 33,1 millones de argentinos están llamados a votar hoy para definir quiénes quedan habilitados para competir en las legislativas del 22 de octubre, en las que están en juego un tercio (24) de los escaños del Senado y 127 de la Cámara de Diputados, aproximadamente la mitad.
Estas serán las cuartas primarias que celebra Argentina desde la aprobación de este sistema electoral, en 2009, y las primeras que afronte el Gobierno del conservador Mauricio Macri, quien llegó a la Presidencia argentina a finales de 2015, tras haber logrado un 34,15 % de los votos en la primera vuelta de las presidenciales de ese año y un 51,34 % en la segunda vuelta que le dio acceso a la Casa Rosada.
Las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO), como se llama el proceso, son en realidad un test que permite medir la fortaleza de los distintos partidos y el desgaste del Gobierno. Son escasas las circunscripciones en las que se cada partido presenta más de una lista, por lo que el debate interno es inexistente. «Las primarias se han transformado en la gran encuesta nacional. Las primarias se han desvirtuado, salvo en algún caso muy aislado, porque no hay internas reales», dijo a Efe Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.
Argentina llega a estas elecciones tras una campaña sin debate de propuestas entre los principales líderes y altamente polarizada entre el gobernante frente Cambiemos, comandado por Mauricio Macri, y el kirchnerismo, liderado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), acosada por numerosos escándalos de corrupción que busca blindarse ante los jueces apelando al apoyo social.
Macri ha sufrido un enorme desgaste en las últimas semanas. La recuperación económica, una de sus grandes banderas electorales, no acaba de alcanzar a todo el país. La desigualdad se ha disparado y los kirchneristas intentan desmontar la teoría del nuevo crecimiento con las cifras de la pobreza creciente en el país. «Tenemos que colaborar todos, somos un gran equipo que ha puesto este país en marcha. Y esto es solo el comienzo, esta rueda que la sacamos del barro y empezó a girar», dijo Macri en el cierre de campaña del frente oficialista Cambiemos en Córdoba, una de las provincias más pobladas y ricas de Argentina.
Tampoco ha conseguido el presidente esquivar el fantasma de la corrupción, que le sirvió para derrotar a Cristina Fernández de Kirchner. Se ha visto salpicado por los papeles de Panamá, por la venta de una aerolínea familiar y por la adjudicación de algunas obras polémicas en Buenos Aires. Todo ello le ha permitido a la expresidenta eludir el debate sobre uno de sus puntos más débiles y señalar al equipo de Macri como los nuevos corruptos.
Con todo el arsenal
Cristina no ha escatimado esfuerzos para volver por la puerta grande a la primera línea política. Competirá por la presidencia de la región de Buenos Aires. Este distrito electoral, el mayor del país, con un peso sobre el padrón nacional del 37 %, es un tradicional bastión del peronismo, pero en la elección del 2015 pasó a estar gobernado por el macrismo, cuando María Eugenia Vidal accedió al Ejecutivo provincial con un 39,89 % de los votos.
Su rival no es la carismática Vidal, que ha llevado el peso de la campaña electoral contra la expresidenta. El oficialismo se ha encomendado al exministro de Educación, Esteban Bullrich, y las encuestas dan un incierto resultado.
Cristina Fernández repitió durante toda la campaña que se ha perdido «el piso de dignidad» logrado durante su gestión, cuando «no había temor a perder el trabajo» y «no era un problema, la comida ni los remedios para los más viejos o las tarifas de gas y de luz». «Es cierto que la gente está nerviosa pero no es por las elecciones ni por el dólar sino porque no llega a fin de mes y porque no sabe si la van a echar del trabajo», afirmó.
Buenos Aires será «la madre de todas las batallas»
Las lecturas de los resultados dependerán en buena medida de lo que ocurra en Buenos Aires. Se trata del distrito electoral más importante del país. Suma el 37 % de los electores con derecho a voto y tiene un peso determinante en cualquier resultado electoral. Aunque los sondeos son bastante cambiantes, los dos partidos principales, Cambiemos, de Mauricio Macri, y Unidad Ciudadana, la formación que ha impulsado Cristina Fernández de Kirchner para regresar a la primera línea de la política argentina en pleno calvario judicial, dirimirán en esta circunscripción lo que en Argentina se define como «la madre de todas las batallas» de la contienda electoral.
Cristina Fernández busca una victoria arrolladora que le garantice su deseo de convertirse en senadora el próximo año y recuperar su condición de adversaria de Macri. El primer paso es sencillo: Cristina necesita solo el 1,5 % de los votos para proclamarse candidata de forma oficial. Pero quiere mucho más: aspira a ganar con un mensaje contundente: «No podemos pasarle ni una más a Macri. Hasta aquí», gritó en su último mitin.
En el otro lado del ring, Macri, que se ha volcado en la campaña de apoyo a sus candidatos por todo el país, tampoco ha eludido el cuerpo a cuerpo dialéctico. «Argentina estuvo a punto de convertirse en lo que hoy es la Venezuela de Maduro. Eso es lo que hubiera ocurrido si Cristina hubiera ganado en el 2015», recordó en el cierre de campaña para animar a los argentinos a insistir en el camino del cambio iniciado con su elección como presidente hace casi dos años.
La lectura final de los resultados en todo el país permitirá a Macri calibrar sus posibilidades reales de optar a una reelección que en estos momentos estaría en el aire. Y a Cristina Fernández saber si sigue siendo la esperanza de la parte más izquierdista del país o si su tiempo electoral ha pasado ya de largo.
Una campaña marcada por la desaparición de un líder mapuche y el veto a Menem
La ausencia de un debate electoral cara a cara entre los principales líderes del país no ha enfriado el clima político en las calles. Las horas previas a las primarias estuvieron marcadas por la desaparición de Santiago Maldonado hace dos semanas. Miles de personas se manifestaron el viernes en la plaza de Mayo para exigir la aparición con vida del joven, que desapareció tras participar en una serie de protestas de la comunidad indígena mapuche en la provincia de Chubut, en el sur del país.
Varios grupos de defensores de derechos humanos instaron al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para encontrar a Maldonado, un artesano de 28 años, que podría haber sido detenido por haber participado en las manifestaciones.
Hasta ahora, el Gobierno no ha dado ningún tipo de información sobre el caso. La ministra de Seguridad del país, Patricia Bullrich, afirmó recientemente que «no hay ningún indicio» de que las fuerzas de seguridad detuvieran a Maldonado ni de que él hubiera estado siquiera en el lugar de los hechos.
Pendiente de sentencia
Otro de los nombres propios de la campaña electoral ha sido el del expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), condenado en dos oportunidades a penas de prisión pero que se encuentra en libertad, no podrá competir como aspirante al Senado por falta de idoneidad moral, según un tribunal de justicia electoral. «Cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse», sostuvo la Cámara Nacional Electoral.
El exmandatario argentino, de 86 años, tenía previsto presentarse como precandidato a senador nacional en representación de la provincia de La Rioja, su tierra natal, en la que se desempeñó como gobernador en tres períodos en las décadas de los 70 y los 80 y por la que es actualmente senador desde el 2011. Entonces aún no tenía condenas firmes.
Votantes infiltrados
La última de las polémicas apareció ayer mismo al anunciar el Gobierno un refuerzo de las fronteras para evitar hoy la entrada masiva de votantes «truchos» (falsos) procedentes del exterior. En Argentina es obligatorio votar. Los que no lo hagan son sancionados con una multa de 50 dólares y la imposibilidad de hacer gestiones ante las administraciones públicas durante un año.