La justicia argentina impone fuertes condenas por los vuelos de la muerte

Argentina cerró ayer uno de los capítulos más vergonzosos de su historia reciente, la represión brutal practicada por la dictadura militar en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), considerada la mayor cárcel clandestina del régimen, con el veredicto del que, por número de acusados y por duración, se tiene ya como el mayor juicio celebrado en el país por los crímenes cometidos bajo la férula de Jorge Videla. Un tribunal federal de Buenos Aires condenó a reclusión perpetua a Jorge Eduardo el Tigre Acosta, ex capitán de fragata y exjefe de Inteligencia y del grupo de tareas del centro, la misma pena que impuso al también ex capitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido como el Ángel Rubio o Ángel de la muerte.

La megacausa, una de las tres en las que se dividió la investigación para esclarecer las atrocidades de la ESMA, se adentró por primera vez en los denominados vuelos de la muerte, el procedimiento por medio del cual eran eliminados los opositores arrojándolos al mar, en ocasiones anestesiados y otras veces conscientes, después de haberlos secuestrado y torturado. Todo ello supuso la imputación de 54 personas, entre ellas el ex capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo y el piloto de la línea aérea holandesa Transavia y marino retirado Julio César Poch, ambos extraditados desde España. Los acusados, entre quienes también hay civiles, fueron considerados con alguna excepción autores de 789 delitos de secuestros, torturas y homicidios contra otras tantas víctimas.

El tribunal determinó que todos esos delitos constituyen crímenes de «lesa humanidad» y «por ende son imprescriptibles». Pero aunque la fiscalía había pedido cadena perpetua para 52 acusados y penas de entre 10 y 25 años para los otros reos, los fallos fueron selectivos y solo en los casos más graves se aplicó la pena mayor. Sus destinatarios son los ya citados Acosta y Astiz, así como Mario Daniel Arru, Randolfo Agusti Scacchi y Juan Antonio Azic.

Se trató del proceso judicial más dilatado de los celebrados por los crímenes de la ESMA, donde se calcula que estuvieron detenidas ilegalmente cerca de 5.000 personas. En los cinco años que duró declararon unos 900 testigos, entre ellos 400 supervivientes. Durante ese período, once de los 68 imputados originales fallecieron y tres fueron apartados del juicio por razones de salud. La novedad es que de los 54 ex militares que escucharon ayer la sentencia 38 lo hicieron por primera vez. Nunca antes habían sido enjuiciados por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, que según organismos de derechos humanos dejó un saldo de 30.000 desaparecidos.

El fallo cierra el ciclo iniciado por la justicia para esclarecer los delitos de la ESMA desde que en el 2005 fueron anuladas dos leyes que impedían la persecución de los crímenes de la dictadura. En el 2011, la Justicia condenó a prisión perpetua a 16 militares por delitos de lesa humanidad cometidos en aquel centro del horror y otros acusados recibieron penas de entre 18 y 25 años. El primer juicio no llegó a su fin porque el único imputado, el ex militar Héctor Febres, murió antes de conocerse la sentencia en 2007 cuando se encontraba detenido a la espera de prestar testimonio. Durante la celebración de la vista surgieron nuevas evidencias que probaron el funcionamiento de la ESMA como sala de partos clandestina, donde muchas detenidas dieron a luz y fueron separadas de sus niños, entregados luego en adopción ilegal y bajo otra identidad a familias de militares y allegados.

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