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El grupo ya lideró las protestas más violentas contra el Gobierno venezolano el año pasado, pero no aporta pruebas
06 ago 2018 . Actualizado a las 08:17 h.A raíz del supuesto atentado contra Nicolás Maduro, varios grupos se han atribuido su autoría, aunque sin aportar pruebas. Un comunicado de supuestos militares disidentes del chavismo que conformarían una sedicente operación Constitución u operación Fénix señala, en un extenso documento del cual se desconoce su verosimilitud, que reivindica la Constitución venezolana de 1999 y que tomará «todas las acciones militares necesarias para garantizar el respeto a la soberanía popular expresada en la Asamblea Nacional y la convocatoria en el plazo más breve posible a unas elecciones verdaderamente libres».
Aunque Maduro resultó reelegido en unas elecciones realizadas el pasado 20 de mayo sin cumplimiento de ninguno de los estándares democráticos internacionales, está encontrando dificultades para hacer valer esos comicios, tanto interna como externamente. Además, el comunicado de estos militares hace referencia a la Asamblea Nacional, el Parlamento legítimo inhabilitado por el chavismo a través del Tribunal Supremo de Justicia que -hiperinflación y crisis económica general aparte- es el detonante de lo que parece un acelerado proceso de implosión del Gobierno venezolano.
Junto con la operación Fénix se han declarado responsables del intento de atentado los llamados Soldados de Franelas. Son grupos de jóvenes que protagonizaron el enfrentamiento más fuerte contra el Gobierno durante las protestas del año pasado y que también sufrieron la mayor parte de la represión por parte de los leales al régimen.
Los soldados o resistencia tienen un aura romántica de guerrilla urbana, pero se fueron desvaneciendo cuando, por estas mismas fechas del año pasado, el Gobierno de Maduro los sacó de las calles a sangre y fuego. Muchos de ellos son jóvenes universitarios y otros tantos son sus opuestos: muchachos de las clases populares, sin ninguna esperanza de futuro en el socialismo, ni siquiera la de poder escapar de Venezuela para prosperar.
Según un comunicado en Twitter del movimiento (del cual se duda que tenga los niveles de estructuración que las redes sociales le atribuyen) los dos drones -el Gobierno de Maduro ya hablaba ayer de tres- que llevaban el explosivo C4 fueron «tumbados» por la seguridad de la Presidencia de Venezuela. «Demostramos que son vulnerables. No se logró hoy, pero es cuestión de tiempo», indica el texto.
Dudas razonables
Fuentes militares señalaron a La Voz que es muy difícil que dos grupos como los mencionados tengan acceso a drones y la logística necesaria para una operación de esa magnitud; y que una explosión causada por el C4 hubiera causado un daño mucho mayor, ya que se trata de un componente militar de alto poder destructivo. Además, estos expertos militares indicaron que el C4 no explota ni por tiros ni por haber caído a tierra, lo que invalida la versión del derribo. Para estas fuentes el atentado es un montaje, y su intención es intensificar la represión contra la disidencia para afianzar el poder de Nicolás Maduro y sus acólitos.
Los rebeldes cuestionan la supuesta lealtad de los militares hacia Maduro
Los sucesos recuerdan al ataque protagonizado el 27 de junio del 2017 por el piloto de la Fuerza Aérea venezolana Óscar Pérez, que robó un helicóptero con el que bombardeó las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo en Caracas. Pérez, que en el pasado se había prestado para campañas de publicidad de las tropas chavistas, se convertía así en icono de la rebelión militar contra Maduro.
Pérez permaneció fugado hasta enero, cuando fue localizado en una vivienda de un barrio humilde de Caracas. Las fuerzas de seguridad asediaron durante horas la casa hasta que finalmente mataron a Pérez y a otros «seis terroristas», a pesar de que todos querían entregarse.
Apenas dos meses después, el 6 de agosto del 2017, un grupo de militares sublevados liderados por el capitán Juan Caguaripano lanzó la operación David Carabobo para tomar unas instalaciones clave de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Fuerte Paramacay. Las tropas chavistas frustraron el ataque, que dejó dos muertos y varios detenidos.
Desde la prensa contestataria se ha informado de que estos incidentes no son anécdotas, sino síntoma de una creciente frustración en la FANB por la deriva que ha adoptado el país. Según Foro Penal, una oenegé local, en mayo había un total de 70 militares encarcelados por razones políticas. Las FANB son el pilar fundamental del edificio chavista. La «unión cívicomilitar», como la definió Chávez y repite Maduro, es el escudo protector del Gobierno, por lo que cualquier fisura podría provocar su colapso. Ayer, la cúpula del Ejército lanzó un mensaje de «lealtad irredenta» al Gobierno de Maduro.
Interrogan «con violencia» a siete periodistas presentes
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que siete periodistas fueron detenidos durante varias horas en medio del ataque perpetrado contra Nicolás Maduro, durante un acto militar celebrado en Caracas. «Se desconoce el paradero de los periodistas y trabajadores de VIVOPlay y TVVenezuela; Neidy Freytes, César Díaz y Alfredo Valera permanecen desaparecidos», indicó el SNTP en Twitter. Poco después, informó por la misma vía de que el cámara de Telemundo César Saavedra, que había conseguido grabar la explosión, el cámara de Noticias Caracol Yornel Morales, el reportero de Globovisión Alejandro Carreño y el reportero de AP Fernando Llano también habían desaparecido.
Según el SNTP, «funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana le quitaron la cámara y los equipos de transmisión al equipo de VIVOplay y TVVenezuela que cubría situación en las inmediaciones de la avenida Bolívar, luego de que se escuchara una explosión y retiraran al presidente y su comitiva». «Después de una hora incomunicado por la Guardia Nacional», Morales fue liberado, mientras que hubo que esperar dos horas para que Llano fuera liberado y más de tres horas para que los demás periodistas detenidos -Freytes, Díaz, Valera, Saavedra y Carreño- fueran puestos en libertad.
La organización sindical precisó que, en el caso del reportero de Globovisión, hubo «episodios de violencia» durante su detención. Según algunas fuentes, todo su material grabado fue requisado, aunque nadie pudo confirmar que en las imágenes captadas hubiera algún rastro de un dron o algún otro artefacto volador sospechoso.