Ni la cuarentena es capaz de detener las balas en Colombia

Omar y Ernesto Guasiruma, dos líderes de la etnia embera, se encontraban la pasada semana en sus domicilios, en una vereda remota del Valle del Cauca, cumpliendo la cuarentena por el coronavirus, cuando unos desconocidos tocaron a sus puertas, con la excusa de invitarles a una reunión de urgencia. Salieron de sus casas, engañados, y caminaron una veintena de metros hasta un río cercano, donde fueron asesinados a sangre fría. Otros dos familiares resultaron heridos.

No es un caso aislado. El homicidio de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Colombia no se ha detenido durante la cuarentena decretada para evitar la pandemia mundial. La guerra continúa. Varias organizaciones han denunciado que el confinamiento obligatorio que rige en todo el país hasta el 13 de abril está dejando en una situación de vulnerabilidad a las personas amenazadas por la mafia colombiana y los grupos armados.

Quienes han sido puestos en el punto de mira temen a la pandemia, y también a las balas. «La mayor parte de la fuerza pública disponible está en lo fundamental, garantizando la cuarentena, y controlando a la población en las calles de las ciudades y los centros urbanos. El patrullaje por algunas casas de líderes sociales, y en sus sitios de trabajo, se ha relajado», comenta a La Voz Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación.

El confinamiento les hace ser un blanco fácil. Los escuadrones de la muerte saben dónde encontrar a sus víctimas, cuya seguridad ha disminuido o desaparecido por completo. «Los líderes sociales en cuarentena están en sus casas. Y están sin escoltas, porque los escoltas también están en sus casas», añade Ávila.

«Los grupos armados al servicio de gente muy poderosa en los territorios, están utilizando la atención que se concentra hoy sobre la emergencia, para actuar con total impunidad y sin la atención de los medios de comunicación», señaló a Radio Caracol el senador izquierdista Iván Cepeda.

La violencia y la desprotección de los líderes comunitarios en tiempos de coronavirus ha llegado a los oídos de las instancias internacionales. La Organización de Estados Americanos condenó la pasada semana el asesinato de cinco defensores de los derechos humanos, además de tres excombatientes de las desaparecidas FARC, que dejaron los fusiles en el 2017.

La institución hizo un llamamiento al Estado colombiano «a multiplicar las medidas de prevención y protección del liderazgo social y de la población civil que habita en zonas fuertemente impactadas por la violencia y la iniquidad».

Varias oenegés, además, enviaron una carta al Gobierno de Iván Duque pidiendo «actuar con decisión» para evitar que los grupos armados «utilicen la situación de emergencia creada por el virus del COVID- 19 para continuar exterminando a los líderes sociales».

Al menos 303 líderes sociales y activistas han sido asesinados desde que se firmó el pacto de paz con las FARC, según la ONU, cifras que otras organizaciones de la sociedad civil colombiana aumentan considerablemente. También han sido asesinados 173 excombatientes del disuelto grupo guerrillero que dejaron las armas durante el proceso.

«Las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz, oponerse al crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de tierra, además de por proteger sus comunidades. Son, además, objeto de violaciones específicas y sus familias, blanco de ataques», relató la ONU.