La resolución del Tribunal Superior permitirá al Gobierno de Sunak avanzar en la polémica estrategia que promovió Johnson con el fin de disuadir a los inmigrantes que cruzan ilegalmente el Canal de la Mancha
19 dic 2022 . Actualizado a las 14:07 h.El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha validado la política del Gobierno de extraditar a solicitantes de refugio a Ruanda para que se integren en la sociedad de país centroafricano. Los abogados de los detenidos y de las oenegés críticas con el plan tienen derecho a presentar un recurso a otra instancia judicial, en otro paso de lo que se pronostica como un caso largo.
La política de envío a Ruanda de inmigrantes que entran en territorio británico burlando las fronteras para pedir asilo fue promovida por el Gobierno de Boris Johnson. El pasado abril, firmó con el Ejecutivo presidido por Paul Kagame un memorando de entendimiento para enviar a unos 1.000 detenidos por las autoridades británicas durante cinco años.
El primer vuelo iba a partir en junio con siete pasajeros, pero los abogados de los extraditados lograron que el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo dictase un aplazamiento del envío porque el plan estaba pendiente de una revisión judicial en el Reino Unido. La decisión de la corte permitió a los letrados conseguir un prohibición temporal de los jueces británicos.
La ministra de Interior, Priti Patel, mostró frustración por la interferencia del tribunal del Consejo Europeo y por el colapso de un proyecto que quiere reducir el tráfico de inmigrantes en el canal de la Mancha. El tribunal avala ahora el plan porque no incumple la ley internacional sobre refugiados ni la legislación británica sobre derechos humanos.
Fragilidad
El argumento de los magistrados para defender la legalidad es que Londres ha negociado con el Gobierno de Kigali un procedimiento para que los extraditados puedan solicitar asilo en un país africano que ofrece garantías. La corte exige, sin embargo, al Ejecutivo que analice bien las circunstancias de ocho de los elegidos para el primer envío, porque no lo hizo antes de junio.
Un comité de la Cámara de los Lores que ha analizado la política gubernamental subrayó en octubre la fragilidad legal de la posición en la que quedan los refugiados en Ruanda por la decisión del ex primer ministro Boris Johnson de basar el plan en un memorando de entendimiento. Es un instrumento corriente en el Derecho internacional, pero, a diferencia de un tratado, no ofrece protección legal.
La Organización de Naciones Unidas ha creado un centro de tránsito en Ruanda para inmigrantes atrapados en Libia. Unos 900, según la BBC, residían en abril en las instalaciones del albergue, donde son formados para obtener cualificaciones que les permitan trabajar en países de acogida. Pero la ONU ha criticado el envío de solicitantes de asilo a otro país y a naciones africanas, que suman el mayor número de refugiados acogidos en todo el mundo.