El Constitucional avala la reforma de Macron que retrasa la jubilación a los 64 años
INTERNACIONAL
El organismo rechaza la solicitud de forzar un referendo sobre la reforma de las pensiones y solo se pronuncia en contra de algunas medidas secundarias. Los sindicatos rechazan reunirse el martes con el presidente
14 abr 2023 . Actualizado a las 22:07 h.Después de tres meses de protestas contra la reforma de las pensiones, el Consejo Constitucional de Francia puso este viernes punto final al proceso de elaboración de la ley. Los nueve sabios que forman el Consejo rechazaron las críticas sobre la irregularidad del procedimiento seguido para la adopción de la ley y avalaron el grueso de esta y su punto clave: el retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años de la edad.
Sin embargo, este organismo censura seis disposiciones de esta ley correctiva de la Seguridad Social en la que está inscrita la reforma, porque no tienen razón de figurar en la misma, como el llamado índice sénior (que obliga a las empresas de más de 300 empleados a publicar la lista de los mayores de 55 años) y el CDI sénior (un contrato indefinido para empleados de más edad).
El dictamen permite que Emmanuel Macron pueda promulgar la ley sin las disposiciones censuradas. Tiene dos semanas para hacerlo, pero todo apunta a que lo hará este fin de semana.
La primera ministra, Elisabeth Borne, aseguró que «no hay vencedor ni vencido», pero se felicitó porque «el texto llega al final de su proceso democrático», ya que el Consejo considera que la reforma es conforme a la carta magna «tanto en el fondo como en el procedimiento» de elaboración.
Esto último ha sido criticado de forma recurrente durante estos meses ya que para aprobar la reforma, el Gobierno optó por hacerlo a través de la ley de financiación de la Seguridad Social y así evitar que los debates se eternizaran en la Asamblea Nacional. De hecho es lo que ha llevado al Constitucional a censurar alguna disposición porque considera que no debe figurar en una ley de financiación.
Sin referendo
El Consejo, que tiene como presidente al ex primer ministro Laurent Fabius, también rechaza la petición de los partidos de izquierda de celebrar un referendo de iniciativa compartida (RIP, por sus siglas en francés), que obligaría al Gobierno galo a realizar una consulta popular sobre la reforma de las pensiones. La Nupes, la alianza izquierdista, presentó el jueves una segunda petición referendo, pues temía que su primera solicitud fuera anulada como así ocurrió. El tribunal dará a conocer su parecer sobre la segunda solicitud el 3 de mayo, pero esto no impide que el proceso de promulgación siga su curso.
Los sindicatos franceses, sin embargo, no se rinden. Poco antes de conocerse la decisión del tribunal, Emmanuel Macron había invitado el próximo martes a una reunión a los líderes sindicales y a la patronal para preparar un nuevo ciclo de reformas, y que «la puerta del Elíseo seguirá abierta, sin condiciones, para ese diálogo». Pero los sindicatos han opado por no aceptar la propuesta.
En un comunicado, la intersindical pide al presidente que no promulgue la ley, «como único medio de calmar la ira que se expresa en el país». También solicita que como muestra «de sabiduría y de voluntad de calmar» los ánimos, haya una nueva deliberación en el Parlamento «como lo prevé el artículo 10 de la Constitución». Mientras, la líder de la CGT, Sophie Binet, instaba a los suyos a multiplicar las huelgas y manifestaciones hasta el 1 de mayo, fecha acordada por la intersindical para mostrar de nuevo el rechazo frontal de la reforma de las pensiones.
El dictamen vuelve a incendiar las calles de Francia
Las deliberación de los nueve jueces del Constitucional sobre el proyecto legislativo estrella de Macron se extendió durante 16 horas seguidas, pero el organismo rechazó decir si la decisión fue o no por unanimidad. Sea como fuere su decisión volvió a incendiar las calles, con protestas espontáneas en toda Francia, y enfrentamientos entre policías y manifestantes. En París, por ejemplo, los manifestantes más radicales quemaron papeleras y bicicletas y rompieron escaparates.
El dictamen da un respiro al presidente, pero ni sindicatos ni oposición parecen dispuestos a facilitarle los años que le quedan en el Elíseo. Para la ultraderechista Marine Le Pen, el futuro político de la reforma «no está cerrado» porque corresponderá al pueblo «preparar la alternativa» política que dé marcha atrás a esa ley. En la misma línea, el excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa (LFI), proclamó que «la lucha continúa», mientras que la presidenta de ese partido, Mathilde Panot, amenazó a Macron con que si la ley es promulgada «no podrá gobernar el país».
Más conciliador se mostró el líder de Los Republicanos, Éric Ciotti, que instó a los partidos a aceptar la decisión del Constitucional. Coincide con el Gobierno en que es una reforma «imprescindible», al margen de los «errores de método» que hayan podido cometerse durante el proceso. Sin embargo, uno de sus colegas, el diputado conservador Lot Aurélien Pradié, apuntó que la «crisis política permanece». «Las heridas están abiertas en el país», añadió.
