La Fiscalía acusa a Bolsonaro de dirigir un intento de golpe de Estado en Brasil
INTERNACIONAL
El ministerio público le sitúa como líder de una «organización criminal» de carácter «autoritario» que conspiró también para asesinar por envenenamiento a Lula da Silva
19 feb 2025 . Actualizado a las 13:50 h.El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está al filo de sentarse en el banquillo de los acusados tras ser imputado por la Fiscalía como líder de una conjura para derrocar al nuevo Gobierno de Lula da Silva tras su derrota electoral en noviembre del 2022. Pocas semanas después, el 8 de enero del 2023, miles de partidarios suyos asaltaron el palacio presidencial de Planalto, la Corte Suprema y la sede del Congreso en Brasilia. Lula decretó el estado de emergencia y las fuerzas de seguridad tardaron cinco horas en desalojar a los ocupantes, muchos de los cuales llegaron a la ciudad desde al menos una decena de Estados en autobuses pagados por empresarios y donantes anónimos.
El fiscal general, Paulo Gonet, asegura en su auto que el mandatario de extrema derecha estuvo al frente de «una organización criminal basada en un proyecto autoritario», cuyo fin era perpetuarse en el poder. El hombre que presidió Brasil entre el 2019 y el 2022 en un controvertido y polémico mandato suma acusaciones no solo golpistas y de presunto interés en subvertir la democracia, sino incluso de violencia e intento de acabar con rivales políticos como el propio Lula. Todo ello le podría enfrentar a un total de 43 años de cárcel. Con él, han sido imputadas otras 33 personas, entre ellas el que fuera su secretario de Defensa, Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Gustavo Torres, su jefe de seguridad, Augusto Heleno, el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem y el excomandante de la Marina Almir Santos,
Bolsonaro no ha sido todavía detenido. El fiscal ha remitido su denuncia al Tribunal Supremo, que debe decidir si abre juicio contra los acusados o desestima la demanda. Todo apunta a que se decantará por la primera opción dada la gravedad de los cargos —golpe de Estado y pertenencia a organización criminal, entre otros— y la amplísima investigación en contra de Bolsonaro.
La policía pidió su imputación el pasado noviembre después de acumular miles de indicios y contar, sobre todo, con la declaración del secretario personal del expresidente: Mauro Cid, un teniente coronel al que Bolsonaro consideraba «como un hijo» y que ha pasado por distintas fases durante estos últimos dos años, desde negar la existencia de una intentona golpista a colaborar con las fuerzas de seguridad .
Cid ya pasó brevemente por la cárcel en el 2023 por haber falsificado las cartillas de vacunación que permitieron al presidente y su familia saltarse las restricciones durante la pandemia. Mano derecha del jefe del Estado y encargado de sus comunicaciones, supuestamente ejerció de correo entre diferentes implicados en la intentona golpista. Hace un mes, a mediados de enero, el Tribunal Supremo le llamó para que aclarase «ciertas contradicciones» sobre un capítulo oscuro de esta trama: una reunión secreta en casa de Walter Braga Netto para asesinar a Lula da Silva y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin.
Veneno y armas
El plan incluiría supuestamente acabar con la vida del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes y movilizar al ejército ante la eventualidad de que se produjeran graves altercados callejeros para crear finalmente una situación de caos. En palabras de la Fiscalía, se trataba de generar una «conmoción social capaz de arrastrar al Alto Comando del Ejército a la aventura del golpe». «El plan preveía la muerte de los implicados, por medios como explosivos, instrumentos de guerra o envenenamiento», apunta el informe acusatorio, donde se detalla que Lula sería asesinado con veneno y el juez, con el «uso de armas bélicas».
En la acusación pesan además dos reuniones. Una celebrada antes de las elecciones donde Bolsonaro instó a sus ministros a difundir bulos sobre la inseguridad de los comicios del 2022 y la posibilidad de que se cometiera un fraude electoral para impedirle lograr la reelección. El propio líder recurrió en múltiples ocasiones a este mensaje, en especial después de que en noviembre perdiera los comicios ante Lula por un estrecho margen de votos.
Tras esa derrota, la derecha afín a Bolsonaro convocó cientos de protestas e incluso acampadas delante de los cuarteles para pedir al ejército que diera un golpe de Estado. En es contexto, los investigadores sitúan la segunda reunión clave del expresidente, quien habría convocado a altos mandos militares para perpetrar una asonada. Los jefes del ejército y de la fuerza aérea, sin embargo, se negaron a secundar su plan.
Algunos párrafos de la imputación resultan claramente significativos y parecen acorralar definitivamente al expresidente. El fiscal afirma que «la responsabilidad de los actos lesivos contra el orden democrático recae en la organización criminal liderada por Jair Messias Bolsonaro, basada en un proyecto autoritario de poder». El ministerio público considera además que la trama estaba «enraizada en la propia estructura del Estado», tenía amplias ramificaciones en las fuerzas armadas y constaba de una organización «jerárquica, con división de funciones entre sus miembros».
La «indignación» del acusado
Bolsonaro ha respondido a través de sus abogados con un comunicado en el que se declara «indignado» por la imputación y afirma que no existe indicio alguno de los actos que se le imputan. El exdirigente brasileño califica la denuncia de «inepta», «incoherente» y «fantasiosa», para a continuación declarar que «jamás ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado democrático de Derecho o las instituciones que lo habilitan», según el mensaje firmado por su abogado Paulo Cunha.
El expresidente tiene previsto reunirse este miércoles con varios diputados de la oposición al Gobierno en un encuentro organizado por su líder en el Congreso, el coronel Luciano Zucco, que hace unas horas ha mostrado en las redes sociales sus dudas sobre la «imparcialidad» del proceso. Bolsonaro ya se reunió este martes con otro grupo de senadores a los que solicitó apoyo para impulsar una amnistía a los detenidos y condenados durante el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023. Su intención hoy es recabar el respaldo de los diputados al mismo proyecto, en el cual quizás podría incluirse si se produce una futura condena.
El exmandatario quiere promocionar también un cambio en la Ley de Antecedentes que le permita recuperar la posibilidad de ser elegido de nuevo para un cargo público. Bolsonaro se encuentra inhabilitado por orden judicial desde el 2023 por un período de ocho años y tampoco puede abandonar el país. En enero se le fotografió llorando en el aeropuerto tras serle vetada la salida a Estados Unidos para asistir a la investidura de Donald Trump.