Las reformas del sistema de asilo agitan las aguas en el laborismo

juan francisco alonso LONDRES / E. LA VOZ

INTERNACIONAL

Manifestantes protestan contra las reformas del asilo en Londres.
Manifestantes protestan contra las reformas del asilo en Londres. ANDY RAIN | EFE

Starmer pide a sus ministros unidad para enfrentar la situación

19 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La reforma al sistema de asilo ha revuelto las ya agitadas aguas dentro del laborismo británico. Más de dos docenas de diputados han cuestionado públicamente los cambios con los que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha prometido «restablecer el orden y el control» en las fronteras del país, y han amenazado con votar en contra. Por su parte, el premier, Keir Starmer, ha pedido a sus ministros que abandonen sus enfrentamientos y se unan para sacar adelante esta iniciativa y los próximos presupuestos.

«Nuestro sistema de asilo está roto y está generando una gran división en todo el país», aseguró Mahmood al presentar el lunes su proyecto, que no solo eleva a 20 años el tiempo que deberá permanecer un refugiado para lograr la residencia permanente, sino que también establece que el Gobierno podrá deportarlo si considera que su país de origen ha dejado de ser peligroso para él. Además, contempla la posibilidad de confiscarle bienes como joyas para sufragar su estancia y su eventual repatriación.

Asimismo, el Reino Unido anunció que dejará de dar visados a los nacionales de tres países africanos (República Democrática del Congo, Angola y Namibia) si sus autoridades no cooperan con las deportaciones. Y, para evitar que los tribunales se interpongan, se prevé una reforma destinada a reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

De «vergonzosas», «crueles» y «distópicas» calificaron varios diputados laboristas las modificaciones anunciadas por la ministra, mientras que Starmer ignoró estas críticas y exigió a sus ministros que cesen los ataques mutuos y se unan para afrontar los retos futuros.

Pero al tiempo que en el laborismo las críticas a los cambios no paran, tanto los conservadores como el populista y eurófobo Reform UK (Partido de la Reforma) han aplaudido los anuncios. «Es un pequeño paso en la dirección correcta», declaró la líder tory, Kemi Badenoch, quien ofreció al premier su respaldo para sacar adelante el proyecto, visto el rechazo que ha generado en sus propias filas. Por su parte, el líder del Partido de la Reforma, Nigel Farage, elogió el «lenguaje contundente» de Mahmood y sugirió que estaba haciendo una audición para unirse a sus filas. Precisamente, muchos achacan el endurecimiento de la posición del Gobierno en materia migratoria a un intento por frenar el avance en las encuestas de la formación populista.

Coincidiendo con el debate, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) anunció este martes que la migración neta en el 2024 fue un 20 % menor de lo anunciado originalmente, lo que significa que se situó en 345.000 y no en 431.000.

Farage promete cortar las ayudas a los comunitarios, pese a que contraviene el brexit

Los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido se han convertido en el último objetivo del partido populista y eurófobo Reform UK (Partido de la Reforma). La formación, liderada por el polémico Nigel Farage, ha prometido que, si gana las próximas elecciones generales, retirará las ayudas sociales a los nacionales de la UE. La medida se enmarca en un plan para reducir el gasto público y evitar una subida de impuestos.

«Un número desproporcionadamente alto de ciudadanos de la UE residentes en Gran Bretaña reciben prestaciones sociales que deberían destinarse a los británicos», afirmó Farage, uno de los principales impulsores del brexit.

El plan del Partido de la Reforma establece que los comunitarios solo podrán recibir ayudas durante tres meses, una medida con la que calculan que se ahorrarán 6.400 millones de libras anuales (7.266 millones de euros). Sin embargo, la propuesta choca con los acuerdos que sellaron la salida del Reino Unido de la UE, que garantizan a los comunitarios que residían legalmente en el país antes del brexit el acceso a servicios públicos como la educación, la sanidad y las ayudas sociales. Según las últimas cifras oficiales, 9,7 millones de personas reciben el Universal Credit (el paro británico) y de ellas el 9,7 % son nacionales de alguno de los Veintisiete.

Laboristas y conservadores coincidieron en criticar el plan y advirtieron de que podría desatar una guerra comercial con la UE. No obstante, Farage desestimó las advertencias y aseguró que impondría aranceles en caso de represalias por parte de Bruselas. «Dos pueden jugar a ese juego. No quiero hacerlo, pero es necesario renegociar un acuerdo justo», dijo, defendiendo su propuesta al afirmar que permitirá cuadrar las cuentas públicas sin necesidad de subir los impuestos.

Por último, Farage prometió que limitará la cooperación internacional al desarrollo a 1.000 millones de libras anuales (1.135 millones de euros).