El acusado aseguró a la juez que no sabía que debajo de los toxos de la finca que compró había un yacimiento arqueológico, que estaba catalogado por la Xunta
19 feb 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Jaime Paz Amado, un vecino de Vilalba, espera desde ayer la decisión de la juez de lo Penal, número 2, respecto de su acusación como responsable de un delito contra el patrimonio histórico artístico, por el que la fiscal le pidió 18 meses de prisión y multa de 15 meses, a razón de 12 euros diarios. El juicio quedó visto para sentencia después de que este vilalbés confesara que no tenía ni idea de que en la finca que compró hubiera una mámoa -un túmulo construido entre los años 4.000 y 2.000 antes de Cristo- y que ésta estaba inventariada por la Xunta, dentro de un conjunto de siete, desde el año 1991. Se conocen por la denominación de mámoas de Mascarán. Posiblemente la persona que se la vendió tampoco era conocedora de la importancia del yacimiento arqueológico. Paz Amado solicitó licencia municipal, según comentó a la juez, para construir una nave en la finca. Se la concedieron sin problemas, aunque no llegó a obrar allí. Nadie le advirtió de que en su terreno tenía un yacimiento arqueológico. Ocho meses antes de que la Guardia Civil fuera a buscarlo a su casa para pedirle explicaciones sobre la destrucción del túmulo, decidió roturar el toxal y apartó cuidadosamente las piedras que encontró -es decir el monumento funerario-, y las colocó en una esquina. A juzgar por su declaración no tenía ni idea de que tuvieran una colocación determinada, para un fin determinado: enterrar a los difuntos de los antiguos pobladores.El vecino de Vilalba quedó profundamente sorprendido cuando los agentes de la Guardia Civil le comunicaron que había cometido un delito y que lo habían cazado en un control rutinario del patrimonio histórico. En eso coincidieron los tres agentes que declararon, quienes también reconocieron que el conjunto arqueológico no estaba señalizado, pero que ellos sabían de él por el inventario de la Xunta. Uno de ellos, un cabo, fue mucho más allá y apuntó que las siete mámoas del conjunto estaban ya expoliadas y eran difíciles de localizar porque se encuentran tapadas con maleza. En concreto la número siete, la que acusan de destruir a Paz Amado, la atraviesa una pista que va desde la carretera LU-120 a Román y que se construyó hace años.En el juicio declaró también un arqueólogo de Cultura, quien reconoció que no conocía el conjunto histórico y que lo visitó por primera vez cuando lo avisó la Guardia Civil.La fiscal al final del juicio calificó alternativamente los hechos de imprudencia grave y solicitó una pena de doce meses de multa con una cuota de 12 euros diarios.La defensa, que presentó como prueba la de un perito que a través de unas mediciones cartográficas ponía en duda que la mámoa número siete estuviera en la finca del acusado, solicitó la absolución.