El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad del pasado mes de octubre un pronunciamiento en contra de la concesión de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos en las cuencas de los ríos Sil y Miño. Se trata, sin embargo, de un gesto meramente testimonial, puesto que, mientras la Xunta no tenga un plan de gestión del espacio protegido para la Ribeira Sacra, las competencias en este materia corresponden al Gobierno central.
De momento, el Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado la construcción de una central subterránea, para ampliar la capacidad del embalse de San Estevo, y están en fase de tramitación proyectos similares para Belesar y Os Peares, entre otras actuaciones. En todos los casos es preceptivo el informe de la Administración autonómica, aunque su contenido no tiene carácter vinculante.
A través del secretario de Estado de Agua y Medio Rural, Josep Puxeu, y en respuesta a una interpelación del senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, el Gobierno central se comprometió esta semana a «escuchar» a la Xunta antes de autorizar nuevas concesiones, aunque evitó pronunciarse sobre la aprobación de una moratoria para las cuencas del Sil y el Miño. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) anunció que creará una plataforma en la Ribeira Sacra para oponerse a la aprobación de nuevas obras y tratar de parar las que ya están en marcha.