El Concello de Castro de Rei considera que solo con ayuda de la Xunta podrá tomar con garantías medidas de conservación y de promoción de su conjunto histórico-artístico, que abarca la iglesia, su entorno -terrenos en los que hubo un castro-, el campo de la feria con sus alrededores y una parte de la localidad situada en la carretera que sale hacia Castro de Ribeiras de Lea por Bendia.
La solicitud económica pedida a la Xunta persigue la obtención de ayudas para desarrollar el plan especial de protección de la zona delimitada como conjunto singular (Pepri). El Concello dispone de un proyecto con ese objetivo, cuyo inicio se remonta ya al anterior mandato de la corporación. El coste de la medida se sitúa en 156.000 euros, cantidad que la Xunta, según fuentes municipales, podría cubrir en un 90%. El alcalde, Juan José Díaz Valiño, admitió ayer que el Concello no podría afrontar en solitario esa iniciativa.
Aunque la villa tiene desde hace casi 40 años el reconocimiento de Conjunto Histórico y Paraje Pintoresco, esa consideración, desde el punto de vista del gobierno local, necesita medidas concretas cuyas consecuencias serían variadas e importantes.
Por un lado, la idea del Concello apunta a la aplicación de un plan de rehabilitación en la zona protegida cuando el Pepri esté listo: esa cuestión, como reconoció Valiño ayer, abriría la puerta a la consecución de ayudas para la rehabilitación de viviendas, como ya se da en otras localidades. Por otro, la situación actual afecta a la situación urbanística de la zona reconocida y protegida, puesto que las licencias de la zona protegida deben contar con un informe de Patrimonio antes de que el Concello pueda darles la autorización definitiva.
Castro de Viladonga
Con el Pepri, agregó Valiño, el Concello tendría directrices propias y ese proceso ganaría en agilidad. Para el Ayuntamiento, agregó el regidor, el conjunto de Castro de Rei es, junto con el castro de Viladonga, uno de los grandes bienes patrimoniales del término municipal, por lo que su revitalización abriría a darle nuevos aires a la localidad y a buscarle nuevas vías de futuro.
El alcalde de Friol, Antonio Muíña, demandó al director xeral del Instituto Galego da Vivenda e o Solo, Antonio Boné, agilidad en los trámites pendientes para la entrega de 14 viviendas de promoción pública de la capital del municipio.
Aunque las viviendas llevan más de un año acabadas y los trámites para su construcción proceden del último gobierno de Manuel Fraga, problemas relacionados con al empresa adjudicataria de las obras frenan la entrega.
Muíña afirmó que el IGVS no había logrado que la empresa reparase varios desperfectos de las viviendas -con 14 casas unifamiliares-, por lo que la Xunta se incautará de la garantía depositada por la empresa antes de la adjudicación para costear con ese dinero las mejoras. Ese trámite y las posteriores reparaciones aún pueden retrasar varios meses más la entrega.