Entre el 65% y el 70% de los 20.549 funcionarios de las diferentes administraciones que operan en la provincia de Lugo, que verán rebajados sus sueldos a partir de la nómina de junio en cumplimiento de las normas que acaba de establecer el Gobierno central, cobran una media de mil euros al mes, según puso de manifiesto el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Eliseo Rivas.
Dicho sindicato dio a conocer ayer las retribuciones del personal que trabaja en los diferentes organismos públicos dependientes de la Xunta. En cuanto a los funcionarios, los del grupo E, el nivel más bajo, perciben anualmente un salario de 6.581,64 euros, al que hay que sumar los complementos. En cuanto al personal laboral los subalternos, vigilantes y de servicios específicos no titulados tiene asignado un salario bruto anual de 13.399,82 euros.
Eliseo Rivas exigió que el Gobierno central aclare si los descuentos se aplicarán en las retribuciones brutas o netas y que especifique cómo van a afectar estas rebajas de salario a cada nivel. El responsable de FSP-UGT insistió en que las medidas recién establecidas marcan un antes y un después y afirmó asimismo en que el Gobierno «ha perdido la confianza de millones de funcionarios y de pensionistas».
La decisión del Gobierno de incluir una rebaja del 5% en el sueldo de los trabajadores públicos, por otra parte, ha provocado reacciones entre los representantes de todas los sindicatos con implantación en la provincia, que coinciden en señalar que esta medida supone la ruptura de seis años de acuerdos, el último en el mes de septiembre del pasado año, en el que aceptaron moderación salarial.
CSI-CSIF propone que en lugar de pedir el esfuerzo a los empleados públicos, el Gobierno cese al 90% de los «miles de asesores del Estado, de las comunidades, de las diputaciones y de los ayuntamientos, con sueldos que multiplican el de los empleados públicos y que no tienen ninguna responsabilidad en su actividad laboral». Desde este sindicato también sugieren que se aplique un recorte en el número de ministerios, consellerías y direcciones generales; que eliminen los sueldos de los políticos por asistir a consejos de administración de empresas públicas y que desaparezcan los gastos de las administraciones en viajes, coches y representaciones varias.
El responsable de administraciones públicas de Comisiones Obreras en Lugo, Xosé Anxo Fernández, lamentó por su parte que el recorte «caia como unha lousa sobre o acordo Administración-sindicatos de setembro de 2009, cun ámbito temporal de aplicación que debería rematar no 2010, en que os dereitos que se recortan hoxe, también de colectivos socialmente sensibles como pensionistas e mulleres poidan servir para mellorar a rendabilidade da bolsa dos especuladores».
Concentración de Correos
Por otra parte, delegados de las formaciones sindicales CC.OO. UGT, CSI-CSIF, Sindicato Libre y CGT se concentraron ayer delante de la Subdelegación del Gobierno en la capital de la provincia. Protestaron contra la denuncia presentada por el Ministerio de Fomento, que supuso la imputación de 22 delegados sindicales por allanamiento de oficina pública, desobediencia y daños tras un encierro en Madrid.