Mientras Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF aseguraban en Lugo que en ninguna de las administraciones había bajado la participación del 60%, los datos de éstas en ningún caso admitían que el porcentaje podría haber llegado siquiera al 10%, salvo en el caso de los centros judiciales, que admitieron un 12,1% en la provincia.
La CIG, por su parte, no se atrevió a facilitar datos de participación. Su secretario comarcal, Xosé Ferreiro, reconoció que la participación «non foi masiva para o que se esperaba en función das medidas que están postas riba da mesa». Polémicas al margen, lo cierto es que las dependencias oficiales funcionaron ayer prácticamente con normalidad y los usuarios apenas notaron cambios respecto de días anteriores en lo que supone la atención al público. Algunos administrados, no sin cierta malicia, llegaron a comentar que había más presencia en los despachos y ventanillas de lo que suele ser habitual, entre otras cosas por los controles de participación.
Una de las razones de que la movilización tuviera tan poca incidencia posiblemente habría que buscarla en una cuestión puramente material y alejada de cualquier ideología, el descuento que supone en la nómina mensual un día de paro. Las economías familiares se resienten ya con la rebaja en los salarios, que empiezan a aplicar en este mismo mes y los entre 50 y 120 euros que puede suponer la ausencia al trabajo por un día de huelga eran inasumibles para muchos.
Lo que ningún funcionario niega, esté adscrito sindicalmente o no lo esté, es su malestar por el descuento en las retribuciones, que comenzarán a notar en este mismo mes, después de años de congelación.