Los impresos sacamultas que los agentes de la Policía Local tenían en su sede siguen centrando las declaraciones de los guardias que van prestando declaración ante la jueza Estela San José en calidad de imputados. Van ya dos sesiones de declaraciones. La segunda tuvo lugar ayer. Al igual que el día anterior, declararon tres de los cuatro convocados porque uno de ellos falleció hace aproximadamente un mes.
Los agentes que comparecieron en el juzgado ayer no aportaron datos significativos toda vez que fueron preguntados únicamente por algunos boletines sancionadores. Se refirieron de nuevo al polémico impreso que podían utilizar para plantear la retirada de multas. Este documento les era facilitado por el propio Concello de Lugo. De hecho, tenía el anagrama de la institución municipal.
Entre la plantilla sigue teniendo especial repercusión la declaración realizada en la jornada del lunes por uno de los agentes, quien hizo referencia a una caja que, supuestamente, llevó al juzgado el ex director de la Policía Local, Darío Diéguez, a finales de agosto del año pasado. El agente que declaró como imputado expresó que la entrega podría haber sido efectuada irregularmente, es decir sin ningún control de los documentos que llevaba. Esta situación podría haber permitido cualquier manipulación. El policía dejó muy claro que no quería decir que se hubiese hecho, sino que había la posibilidad.
Este policía también fue interrogado sobre las denominadas alegaciones verbales que también posibilitaban que algunas sanciones impuestas no fuesen tramitadas. El agente dijo que conocía el funcionamiento de muchas policías y destacó que no sabía de ninguna que no aceptase alegaciones verbales en algún momento del procedimiento. Lo mismo sucede en otros cuerpos y citó como ejemplo el caso de un guardia civil de Tráfico que puede, una vez oídas las explicaciones del conductor al que pretende sancionar, decidir si sigue adelante con la sanción o no.
De todos modos destacó que en el momento de que la denuncia pasaba a tener ya un número de expediente, ningún policía aceptaba las alegaciones.
Antes de tener el expediente un número, el agente valoraba las alegaciones y decidía sobre el particular, pero eso no significaba que se rompiera la denuncia. Quedaba el boletín, según relató el imputado, quien dijo que si atendían esas peticiones se debía a que en la mayoría de los casos las sanciones se imponían sin que el conductor del vehículo infractor estuviera presente.
Las declaraciones de los agentes seguirán a lo largo de esta semana. Para cada día, la jueza llamó a cuatro funcionarios. Se espera con especial interés el paso ante la instructora del representante de CSIF, Benito Martínez. Será en la jornada del viernes.