CSIF reclama al Concello que deje sin vigencia la reforma de la Policía Local
LUGO CIUDAD
Van seis y aún falta una. La media docena de fallos judiciales, en resolución de otros tantos recursos, que anulan la reestructuración de la Policía Local porque el decreto está firmado por el concejal de Protección da Comunidade, José Rábade, y no por el alcalde, José López Orozco, incluyen el pago de costas por el Ayuntamiento. Así lo pusieron ayer de manifiesto representantes del sindicato CSIF. «Denunciamos o pouco que lle importan ao alcalde Orozco os cartos que son do pobo», manifestó el policía y sindicalista Benito Martínez, que compareció acompañado de José Manuel Niño y del responsable provincial del sindicato, José Berciano.
Martínez señaló que el Tribunal Superior de Xustiza le recuerda al gobierno local lo que ya estableció en su momento el Juzgado de lo Contencioso: quien tiene que firmar el decreto de reestructuración de la Policía Local es el alcalde. Lejos de acatar las sentencias, aún firmó otro decreto -señaló el citado sindicalista- por el que asigna responsabilidades a tres policías.
El mismo sindicato aludió a unas recientes declaraciones del concejal Rábade, en las que indicaba que con cambiar la firma del decreto, se solucionaba el problema. Benito Martínez manifestó ayer: «Pois non, no é así, porque as sentenzas establecen que todos os cambios, cada un deles, deben ser motivados e co razoado informe do xefe do corpo». Indicó que en la actualidad no hay jefe de la Policía Local y se preguntó si el gobierno local tratará de resolver la papeleta acudiendo al coordinador del cuerpo. «Hai unha sentenza que di que ese é un cargo político», puntualizó el citado sindicalista.
El mismo portavoz de CSIF opinó que el alcalde, José López Orozco, incumple resoluciones en el ámbito de la Policía Local, para preguntarse seguidamente si ocurrirá lo mismo en otros terrenos de la gestión municipal.
Benito Martínez resumió el, a su juicio, resultado de las citadas sentencias: obligan al gobierno local, en materia de reestructuración de la Policía Local, «a volver todo atrás». Y si es así, volverá -señaló- a haber seis agentes en atestados y los jefes de turno volverán a desempeñar las funciones que les son propias.
Responsabilidad
El mismo sindicato señaló: «Lo más grave de todo es que son los ciudadanos los que, al final, resultan más perjudicados». Añadió: «La ciudadanía carece de un servicio adecuado de Policía Local», de cuya situación actual responsabiliza directamente al alcalde. Y todo porque -opinó- pretende hacer lo que se le antoje con los funcionarios «como queda patente en el gran número de sentencias judiciales en las que se le dice que infringe la legalidad». El portavoz de CSIF manifestó: «Hasta ahora le pedíamos al alcalde que echase de una vez al director general de la Policía, ahora le podíamos pedir que echara también al señor Rábade. Pero no, ya no le pedimos eso pues debe ser agradecido a sus escuderos y seguir pagando los 8.000 euros que cuestan estos dos cargos políticos a los ciudadanos de Lugo, que aguarde unos meses y que sea el pueblo de Lugo el que decida en las urnas si quiere seguir manteniéndolos».
Hay que recordar que el gobierno local contó con el respaldo del Bloque para aprobar la reestructuración de la Policía Local. Recientemente, el concejal nacionalista Xosé Anxo Lage criticó la gestión del gobierno local en la aplicación del citado acuerdo, y dio por perdido el mandato municipal para su puesta en práctica.