El gobierno de Lugo rechaza la ampliación de la protectora «por ilegal», pero dice que sería posible construir un edificio próximo

Lorena García Calvo
Lorena García Calvo LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

El pleno del Concello de Lugo de febrero
El pleno del Concello de Lugo de febrero Alberto López

El PP acusó al gobierno de «no haber hecho nada de nada en seis años» y pidió más recursos humanos, económicos y de instalaciones. PSOE y BNG votaron en contra, aunque los nacionalistas se habían unido a los populares en el pleno de la Diputación para intentar dotar de recursos al albergue

29 feb 2024 . Actualizado a las 12:05 h.

«Vótase en contra disto porque é ilegal». Así quiso la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, sostener la negativa de PSOE y BNG a aprobar la propuesta presentada por el Partido Popular para «regularizar e ampliar» las instalaciones de la protectora de animales. 

Como ya sucedió en diciembre, el PP llevó la situación de la protectora al pleno, recordando la cómo están hacinados los perros por falta de instalaciones dignas. Su propuesta pasaba por regularizar las instalaciones y ampliarlas en una parcela de más de 41.000 metros cuadrados. La concejala Mar Carballas pidió recursos económicos, humanos e instalaciones y recordó al Ayuntamiento que es una competencia municipal. 

Carballas pidió un acuerdo a tres partes entre Xunta, Deputación y Concello «por el bien de los animales», señalando que la Xunta ya había dado su compromiso y que el ente provincial había sacado adelante una pospuesta favorable.

Sin embargo, el signo de la respuesta del gobierno ya se lo adelantó el teniente de alcalde Rubén Arroxo. El nacionalista, que reivindicó la total defensa de su formación al bienestar animal, pidió no ser oportunistas y destacó que «hai que buscar solucións que sexan realizables. Non podemos meternos nunha lea dun ano e que despois sexa imposible»

Arroxo estaba allanando el terreno al socialista Miguel Fernández, que argumentó la negativa del gobierno. Según el edil de Medio Ambiente, hay un informe de la Confederación Hidrográfica Miño Sil que recoge la existencia de un cauce fluvial intermitente donde están las instalaciones de la protectora. Esto significa que es una zona de dominio público hidráulico y hace que esté limitada toda intervención. 

Según Fernández, no se podría ejecutar ninguna ampliación de las instalaciones y solo se podrían hacer labores de mantenimiento en las actuales. «Si se podería facer unha nova construción na actual parcela, gardando as distancias».

Los socialistas defendieron su intención de conseguir los fondos para arreglar el matadero de San Xoán da Pena y convertirlo en sede de la protectora y aseguraron que mientras no recaban el dinero, habían propuesto al presidente del colectivo una estimación de costes para mejorar lo posible la instalación actual, a la espera de disponer de la nueva. Según Fernández, recabaron además el apoyo de la Deputación para ello, pero desde la protectora todavía no les pasaron esa estimación. 

Con este planteamiento, el debate entre gobierno y PP por la protectora fue tensándose, con Carballas recriminando que la sociedad había pagado más de 8.000 euros de licencia por el proyecto de reforma que no se había ejecutado, y que no les habían devuelto, y acusó al gobierno de que «en seis años no han hecho nada de nada, solo mienten y enredan». Reiteró, además, que técnicos de la Hidrográfica les habían asegurado que sí podía ejecutarse la ampliación. 

La crispación al alza

El debate sobre la protectora fue calentándose por momentos y Arroxo llegó a acusar a Elena Candia de haber introducido un ambiente de crispación desde su llegada al pleno de Lugo. Esta, por alusiones, pidió responder y se defendió señalando que intentaban desprestigiarla y que se estaban pasando de la raya. Incluso cuestionó a Arroxo en materia de feminismo. 

Esto hizo que la alcaldesa Alvarellos tomase la palabra y acusase también a los concejales del PP de llamar mentirosos a los miembros del gobierno y de faltarles al respeto.