El exalcalde de Muras, en el juicio: «Siempre pedí legalizar las obras porque sabía que me iban a denunciar»
MURAS
Su secretaria explicó que «me preguntó si las concesiones otorgadas a su mujer eran válidas un tiempo después de haber sido adjudicadas oficialmente»
19 jul 2021 . Actualizado a las 18:34 h.Tras una semana de prórroga, que el tribunal de la sala segunda de la Audiencia Provincial de Lugo había concedido a la acusación particular para poner sus documentos en regla para personarse correctamente en el juicio, este lunes se celebró la vista en la que se juzga a Isaam Algnam Azzam, exalcalde de Muras, como presunto autor de un delito de prevaricación. Piden 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público para él tras afirmar la Fiscalía que el exregidor dictó varias resoluciones entre los años 2010 y 2013 en las que figuraba como beneficiada su esposa, con la que está casado en régimen de gananciales, por lo que el sería el propietario al 50 % de esas concesiones.
Tras oficializar los trámites de personación de la acusación particular, ejercida por la letrada del Concello de Muras, comenzó la vista. El primero en ser interrogado fue el propio Algnam, médico de origen sirio y que gobernó en Muras desde el año 1991 hasta el 2011. En su intervención, no quiso responder a las preguntas de la abogada de la acusación, por lo que se limitó a contestar las de la fiscal y las de su abogado. Nada más empezar, el exalcalde, miembro del Partido Popular, explicó que «solamente fui alcalde porque me gusta ayudar a la gente, porque conocimientos para ello no tenía ninguno». Así quiso justificar su rechazo a las acusaciones de la fiscal, que le preguntó si sabía que los alcaldes tienen un deber de abstención, por lo que no deben firmar contratos públicos de ningún tipo si estos les van a aportar algún tipo de beneficio a nivel personal. En esta ocasión, la agraciada sería su esposa, pero él se beneficiaría también al estar casado en régimen de gananciales.
Afirmó que «no sabía nada ni de deberes de abstención ni de reglamentación jurídica», ya que «nadie me avisó nunca» y se «fiaba» de las funciones de su secretaria, la encargada de redactar las resoluciones en muchas ocasiones y responsable de asesorarlo legalmente. Contó, de hecho, que la persona que tomaba las decisiones era él, pero que su secretaria «era quien las aplicaba y las hacía efectivas, porque era quien conocía la ley».
Algnam, que se dirigía al tribunal y a la fiscal de forma vehemente, llegó a decir que «enchufé a mi hijo en una empresa, y a los tres días me dijo "papá, yo no se trabajar enchufado"», en un intento de mostrar su integridad moral. Delegó la responsabilidad de sus firmas en los contratos que son objeto de la acusación de prevaricación, ya que «confiaba en que ellos hicieran todo correctamente».
Aún así, las dudas de Algnam con respecto a las concesiones se hicieron evidentes durante la sesión. La primera, por su propio testimonio, cuando afirmó que «siempre pedí legalizar las cosas que firmaba porque sabía que me iban a denunciar», a pesar de que no especificó ni quién ni por qué motivo. La segunda, por una conversación que rememoró su secretaria durante su intervención. En ella, M. S. S., secretaria de la alcaldía entre 2001 y 2014, afirmó que Algnam «me preguntó si las concesiones otorgadas a su mujer eran válidas un tiempo después de haber sido adjudicadas oficialmente». En ese momento, según la secretaria, fue la primera vez en la que se le explicó al alcalde lo que era el deber de abstención de los altos cargos de un Ayuntamiento, algo que «nunca se le había advertido porque no es obligatorio», dijo la testigo.
Sus funciones eran la de asesorar legalmente al alcalde, dar fe pública, redactar informes y licencias en ocasiones o llevar un control financiero. La mujer confirmó que la licencia para explotar un terreno protegido por Red Natura se concedió a pesar de que el alcalde tendría el 50 % de la propiedad por estar casado en régimen de gananciales. Dijo «no saber» si el alcalde conocía que los contratos concedidos eran los de su mujer mientras los firmaba, pero afirmó que ella sí conocía esa información, «porque los documentos eran entregados a todos los concejales, incluidos a los de la oposición, por lo que cualquiera podía leerlos al completo». «Él tenía una idea muy consolidada de que los cargos públicos y los familiares debían ser tratados como un vecino más, por lo que se les podían otorgar licencias si lo requerían y todo el papeleo estaba en orden», concluyó.
El otro protagonista de la sesión fue Manuel Requeijo, actual alcalde de Muras, que también compareció como testigo. Su intervención fue durísima contra su predecesor, llegando a afirmar que «era un déspota» e que «a xente tíñalle medo, porque te presionaba coas ferramentas que tiña para conseguir sacar de ti o que quiera, incluso utilizando á Garda Civil». Comentó que consultar un expediente en el Concello era «un pesadelo» y que la administración era totalmente opaca durante su mandato. Alcalde desde el año 2011, afirmó que «sempre te informan do que é o deber de abstención do alcalde», y que «todo o mundo sabía que había problemas de licencias con respecto á aldea etnográfica de Muras».
La Fiscalía pide 12 años para Algnam
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el exalcalde de Muras «incumplió el deber de abstención al que venía obligado», que «impedía su intervención personal» cuando cualquier «actuación administrativa le pudiese reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal» para dictar una serie de resoluciones desde la Alcaldía «en las que figuraba como interesada su esposa». Lo hizo según la Fiscalía, «a sabiendas de su ilícito proceder», quien también matiza que el «vínculo matrimonial entre ambos está regulado por el régimen de gananciales».
En concreto, el Ministerio Público hace referencia a la «licencia de obras para la legalización de una nave» en Cal do Baño, «donde el acusado, a sabiendas de su arbitrariedad y siendo plenamente consciente de que actuaba de forma contraria al ordenamiento jurídico, dictó» las correspondientes resoluciones.
«Trataba de legalizar una nave de nueva construcción amparada por una licencia para alpendre otorgada en el año 2003, enclavada en una parcela» que es «suelo rústico de protección de espacios naturales dentro del LIC Red Natura», y el entonces alcalde era «plenamente consciente» de ello.
