La ayuda a domicilio suele estar en manos de empresas, pero en Riotorto, en Pol y en Ribeira de Piquín hay gestión pública
02 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Guitiriz lleva meses intentando -hasta ahora, con poco éxito- que el servicio de ayuda a domicilio pase a estar gestionado por una empresa. La alcaldesa, Regina Polín, ha manifestado en alguna ocasión que su criterio personal e ideológico se inclina por la gestión pública antes que por la privada, pero que un servicio como este supone actualmente un escollo para la administración local, condicionada por las disposiciones de control de gasto dictadas por gobiernos del PP.
Pero si prestar el servicio es difícil, encontrar una empresa que lo asuma también conlleva sus dificultades, igualmente reflejadas en el caso de Guitiriz. Tras haberse aprobado en un pleno de principios de marzo el correspondiente pliego de cláusulas del servicio, que tiene una plantilla de unas 30 personas y unos 100 usuarios, en una sesión celebrada un mes después se constató que no había empresas interesadas en la gestión, que se iba a sacar a concurso por dos años, prorrogables por otros dos.
Entonces, con los votos favorables del grupo de gobierno (PSOE) y del concejal Jesús Veres, se acordó extinguir el procedimiento, si bien la alcaldesa avanzó que se elaboraría un contrato menor (de 15.000 euros) para poder acudir a una empresa que ofreciese personal suplementario para cubrir bajas o sustituciones. Por último, en el pleno que se celebró anteanoche se aprobó un nuevo pliego de cláusulas.
La situación de Guitiriz parece presentar ciertas peculiaridades, pero no es novedosa: por ejemplo, el Concello de A Pastoriza, con un gobierno PSOE-BNG, acordó hace varios años encomendar el servicio a una empresa, y el alcalde, Primitivo Iglesias, afirmó ayer que las advertencias y reparos de personal municipal hacían difícil mantener la gestión pública del servicio. En otros casos -Vilalba, Friol o Castro de Rei, por ejemplo-, hace ya años que la gestión está en manos de una empresa. En otros -en esa situación están Cospeito y Meira- el cambio fue más reciente.
Para otros gobiernos locales, la razón por la que el servicio pasa de la gestión pública a la privada parece estar en dificultades derivadas del personal: en Begonte se encomendó a una empresa en los inicios del pasado mandato, y el alcalde, José Ulla, considera que la clave no está en la cuestión económica sino en la mayor facilidad con la que una empresa privada encuentra personal para afrontar sustituciones.
Hay casos en los que el servicio se presta desde hace años y ha pasado de una empresa a otra. En esa situación se encuentra Abadín, en donde la gestión, con unos 100 usuarios, tiene nueva concesionaria. El personal que trabaja en esa área ronda las 30 personas, que serán subrogadas a la nueva empresa.
También se dan situaciones en las que la gestión se encomendó a una empresa y el sistema se mantiene pese al cambio de siglas en el gobierno local: así ocurre en Muras, donde el BNG y el PSOE firmaron un acuerdo tras las pasadas elecciones municipales, y donde los usuarios del servicio son unos 60, según datos aportados ayer por el alcalde, Manuel Requeijo. En el vecino municipio de Xermade, con alcalde del PSOE desde el 2015, se ha iniciado el procedimiento para sacar de nuevo a concurso la gestión de servicio, que tendrá un plazo de dos años más dos eventuales prórrogas que podrán sumar otros dos.
En municipios como Riotorto y Ribeira de Piquín la situación es la misma: el servicio funciona bajo control municipal. En el primero hay unos 80 usuarios, atendidos por una plantilla de unas diez personas; en el segundo se atiende a unas 40 personas, con una plantilla de siete.
El alcalde de Riotorto, Clemente Iglesias (PP), no tiene planes para encomendar la gestión a una empresa privada, y cree que con el sistema actual hay ventajas variadas: por un lado, dice, al Concello le sale más económico este modelo; por otro, agrega, el personal que trabaja disfruta de unas condiciones mejores que las que tendría si dependiese de una empresa privada.
En Ribeira de Piquín, pese al modelo de gestión pública, se acude a una empresa privada cuando hay necesidad de cubrir bajas o sustituciones. En Pol, por su parte, el servicio también funciona bajo control municipal, si bien el alcalde, el socialista Lino Rodríguez, explicó ayer que no se descartaban cambios a corto plazo.
El regidor admitió que resultaba difícil mantener el servicio dentro de la gestión pública por las dificultades de cubrir vacantes en algunos momentos; así las cosas, no sería extraño, agregó, que antes de fin de año se diesen pasos para decidir la concesión a una empresa.
El regidor polense admite la dificultad de mantener el servicio bajo el control municipal