Condenado a dos años de cárcel por estafar 66.000 euros a los socios de una comunidad de montes de Sarria

SARRIA

El procesado aceptó la pena tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía
30 sep 2022 . Actualizado a las 11:27 h.El gestor de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Xulián de Chorente, en Sarria, evitará en prisión tras admitir que les estafó 66.000 euros a sus socios entre los años 2011 y 2017. El ya condenado aceptó una pena de dos años de cárcel, una multa de 1.440 euros y una indemnización de 60.000 euros a cambio de que su castigo se viese reducido.
La conformidad que alcanzaron su defensa y la Fiscalía hizo que el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo este viernes fuese simplemente un trámite para aceptar la condena.
El procesado, que ya ha pagado 6.000 de los 60.000 euros que les debe devolver a los socios de la comunidad, no entrará en prisión al ser su condena de dos años, el límite legal para pedir la suspensión de la pena. Eso sí, con la condición de que no reincida en un plazo de cuatro años. La Fiscalía y el tribunal de la Audiencia apoyaron esta suspensión.
Sacó dinero de las cuentas durante seis años
Tal y como recogía en su escrito el Ministerio Fiscal, el acusado, entre otras funciones, se encargaba de la gestión de la cuenta de la entidad y estaba autorizado para realizar operaciones en ella. De este modo, «inspirado por el ánimo de enriquecerse de manera ilegítima» y «prevaliéndose del cargo que ocupaba», entre los días 11 de julio de 2011 y 9 de julio de 2017, «realizó múltiples operaciones para apropiarse de un total de 66.448 euros».
Asimismo, la Fiscalía afirma que el acusado actuó «en perjuicio de la comunidad y sin el consentimiento» de sus miembros. Además, la Comunidade de Montes no recuperó «ninguna de las cantidades» que fue retirando el acusado de su cuenta durante esos años.
El Ministerio Fiscal señala que estos hechos suponen un delito continuado de apropiación indebida agravada, por superar la cantidad defraudada los 50.000 euros. Asimismo, constituyen un delito de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía, en un principio, pidió imponer al acusado la pena de seis años de prisión. Esta pena se vio rebajada a dos tras admitir el procesado los hechos.