El detective entregó al juzgado de Sarria los informes de la investigación a las trabajadoras de la residencia
SARRIA
«El alcalde sabía que los contratos eran legales, no sé por qué fue al juzgado», defendió. La declaración del edil Benjamín Escontrela se aplazó y Claudio Garrido fue a ratificar la denuncia
01 may 2023 . Actualizado a las 00:30 h.El primer día de la investigación judicial sobre la contratación de un detective por parte del edil de Sarria Benjamín Escontrela ya hizo aparecer los supuestos informes desaparecidos. Según el detective, que fue el único investigado que declaró en el juzgado este viernes, ya se hizo entrega de toda la documentación justificativa de su servicio. «El alcalde sabía que los contratos eran legales, no sé por qué fue al juzgado. Emprenderé acciones legales cuando esto se archive,» aseguró.
El concejal Benjamín Escontrela, como responsable de la residencia, contrató en el 2019 a un detective privado para que investigase las bajas laborales de nueve trabajadoras de la residencia. Aunque este servicio es legal, el alcalde Claudio Garrido denunció tres años después que no estaban registrados los informes que lo justificase, como también constataron el secretario y la interventora.
El juzgado de Sarria inició una investigación judicial por el asunto. El alcalde Claudio Garrido acudió este viernes a ratificar su denuncia. También tenía que declarar Escontrela, pero su abogado tenía otro juicio y no pudo asistir. Quien sí se presentó fue el detective que realizó el trabajo.
Explicó que entregó en el juzgado todos los informes justificativos. «A los tres años no tenemos por que guardarlos, pero con ánimo de que se esclarezca todo los entregué», aclaró. El detective presentó también una grabación, las facturas, el documento en el que se acredita el interés legítimo de Escontrela a contratar la investigación y el libro de registro de la actividad del detective.
El detective incidió en que fue totalmente legal y consistió en una investigación laboral, en ningún momento de la vida íntima de las trabajadoras. Aseguró que el alcalde se puso en contacto con él en su momento y que él le había dado explicaciones. «Sabía que los contratos eran totalmente legales», defendió.
El profesional entiende que el caso se archivará y, en cuanto suceda, emprenderá acciones legares contra quien puso en duda el servicio. «La mala imagen de la empresa es irreversible». De hecho, puso en conocimiento el caso al Colegio de Detective, que segura que lo apoyó.
