ALFREDO VARA
03 dic 2000 . Actualizado a las 06:00 h.Se esperaba que el Gobierno continuase con el acostumbrado goteo de indultos, en su gran mayoría para solventar casos de enorme importancia para sus protagonistas pero que apenas suelen trascender el ámbito local. Se esperaba, como máximo, un orballo que incluyese algunos casos significados, pero el Ejecutivo optó por un chaparrón, toda una granizada con algunas piedras de considerable tamaño, como las que suelen caer un día sí y otro también en algún lugar de Galicia en este oscuro y adelantado invierno de fin de milenio. Un lote de insumisos, otros casos menores y el de una mujer que un día aciago acabó de forma drástica con una larga historia de malos tratos sirvieron de envoltura a las medidas de gracia para los últimos del caso Filesa y el juez Gómez de Liaño. No se le puede negar al Gobierno generosidad a la hora de responder a la petición papal de algún gesto en el Jubileo del año 2000. Nada menos que 1.443 gestos clementes, aunque sólo uno ha encendido pasiones. O reavivado los rescoldos que no se habían apagado aún. De poco sirvió la envoltura. A las críticas colaterales en torno a si la medida puede rozar la condición de indulto general, expresamente prohibido en la Constitución, se sumaron las que interpretan que el Gobierno puede otorgar un indulto, pero no convertirlo en amnistía que borre en la práctica el delito. Difícil es hacer abstracción de la persona que se beneficia de la medida, juez polémico donde los haya, ángel injustamente castigado para unos, diablo conspirador y desequilibrado para otros. Pero sí es exigible a un Gobierno el mayor sentido del equilibrio, aunque esté cómodamente instalado en el holgado sillón del respaldo social traducido en una mayoría absoluta. Adoptar la medida con el informe en contra de la sala del Supremo que lo condenó y añadirle la posibilidad del reingreso en la carrera judicial puede ser interpretado como modificar desde el poder ejecutivo una decisión de la cúpula del poder judicial. Y eso haría temblar los pilares del Estado de Derecho.