VENTURA PÉREZ MARIÑO PUNTO DE ENCUENTRO
18 jun 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Hace ya casi medio siglo, Sara Montiel popularizó aquella canción, Fumando espero, en la que describía lo saludable de esperar «al hombre que más quiero» tranquilamente, saboreando un pitillo. Era una apología del humo en toda regla, y coincidiendo en el tiempo las estrellas lo hacían en el cine (hay que ver el donaire de Bogart y Marylin). Los tiempos han cambiado, aunque Sara Montiel no se apee del puro. Ahora lo saludable y presentable es no fumar, no siendo necesario hasta que llegue el ser amado, esperarlo expirando artísticas volutas de humo. En este medio tiempo se han ido produciendo importantes batallas judiciales y sociales y con asiduidad aparece la noticia de que un tribunal estadounidense ha condenado a la industria tabaquera a indemnizar con cantidades extraordinarias a alguien a punto de fallecer como consecuencia de una enfermedad asociada al tabaco. Cantidades tan sobresalientes que, de concederlas a ciudadanos de países subdesarrollados, con media docena de personas que fallecieron de cáncer de pulmón -que en otro caso podrían morir de miseria-, se pagaría su deuda externa. Demandas judiciales que en España acaban de comenzar, aunque sin éxito de momento. Y en medio de las refriegas surgen contradicciones, cuando menos, curiosas. El Gobierno quiere prohibir el consumo en lugares públicos y centros de trabajo para preservar a los fumadores pasivos, al tiempo que desde la Comunidad Europea se subvenciona el cultivo. Se estudia el denegar o cobrar la asistencia sanitaria a los adictos (Inglaterra), al mismo tiempo que se llenan las arcas públicas con el impuesto sobre el tabaco. E incluso en Cataluña se incita el dejar de fumar pagando cursos o viajes vacacionales. Pero quizás la iniciativa más llamativa resulta la de la Junta de Andalucía, que pretende demandar judicialmente a las empresas tabaqueras tras la negativa de éstas a negociar un acuerdo económico para contribuir a paliar el gasto sanitario que causa el tabaco, y que el Servicio Andaluz de Salud establece en 60.000 millones de pesetas al año. El argumento de la Junta es que se trata de una actividad especial que fabrica y comercializa un producto nocivo. Así pues, la suerte parece echada; despídanse del pitillo: o los mata lentamente, o los echan del trabajo, o los tribunales estadounidenses arruinarán a las tabaqueras, o si no, lanza en ristre, lo hará la Junta de Andalucía dispuesta a mitigar el enorme déficit de su servicio de salud. En definitiva el tabaco, de prosperar alguno de los procedimientos sociojudiciales en curso, va a ser cosa del siglo pasado, o rememoración de la ley seca.