ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
08 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Si en el País Vasco no hubiera terrorismo, todo ese debate bochornoso generado por la negativa del ejecutivo de Vitoria a cumplir lo determinado por la ley, aunque grave, sería tolerable. Habiendo, como hay, miles de personas con su vida y hacienda seriamente amenazadas, tal negativa constituye una muestra alucinante de la irresponsabilidad en la que pueden instalarse políticos elegidos para solucionar los problemas de la gente y no para crearlos. Pues, ¿qué otra cosa más que crear problemas por crearlos es vincular, como ha hecho el PNV, la renovación del Concierto Económico de Euskadi con su presencia en las instituciones europeas? Al margen de la opinión que se pueda tener sobre este asunto, lo cierto es que la presencia autonómica en Europa no es cosa que afecte únicamente al País Vasco, sino también a las demás comunidades españolas, lo que significa que debe ser en un foro multilateral, en el que estén presentes todas ellas, donde se discuta la cuestión. ¡Pero no! Con la obstinación de quien no piensa nada más que en su barriga, el ejecutivo de Vitoria insistió en mezclar churras con merinas y, cuando, con razón, el Gobierno finalmente se negó a un trágala que hubiera resultado de todo punto inaceptable, decidió no sólo romper la negociación sobre el concierto, sino también reducir unilateralmente la cantidad que el País Vasco deberá pagar a la hacienda pública española por los servicios prestados allí por el Estado -el llamado cupo- convertido de ese modo en una especie peculiar de cuponazo que los restantes españoles habremos de abonar a quienes ya no contribuyen para nada a la solidaridad interterritorial. Se trataría, según el lehendakari, de una justa represalia por la prórroga del concierto y la fijación de un nuevo cupo para el ejercicio fiscal del 2002. Tal supuesta represalia constituye, en realidad, una violación flagrante de la ley, pues ha sido en cumplimiento de la misma que se han adoptado ambas decisiones. Así las cosas, y como decía hace unos días Ramón Jáuregui, la decisión del Gobierno de Vitoria es «absolutamente ilegal» y constituye un «auténtico torpedo» al sistema institucional. Lo que, por cierto, se conecta con la cuestión que está en el origen del conflicto: la de la presencia del País Vasco en las instituciones europeas. Y es que esa presencia exigiría, como condición indispensable, de una lealtad institucional de los gobiernos autonómicos al Estado, que el de Vitoria está muy lejos de garantizar al día de hoy. Dicho con claridad: no puede pretender representar al conjunto del Estado quien ha convertido la deslealtad para con él en su seña principal de identidad.