ENRIQUE CURIEL
18 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.No se recordaba nada parecido desde el 25 de junio de 1982, cuando la última huelga general convocada por las tres centrales sindicales, CGIL, CISL e UIL, defendieron la escala móvil de los salarios que vinculaba su incremento, de forma automática, al ascenso de la inflación. Ahora, veinte años mas tarde, las mismas organizaciones lograron paralizar Italia el martes pasado sin que se produjeran conflictos violentos en las calles. El diario La Repubblica abría a seis columnas y sentenciaba: «L¿Italia si é fermata». Trece millones de trabajadores, el 90% sobre un total de 14,5 del conjunto de los convocados, congelaron por un momento la sociedad italiana, incluidos los medios de comunicación de propiedad de Silvio Berlusconi. Después, casi tres millones de ciudadanos, acompañados por Roberto Benigni, Antonio Tabucchi y otros intelectuales, asistieron a las manifestaciones que colmaron las más bellas piazzas de Florencia, Roma, Milán, Bolonia, Nápoles, Genova, Turín o Palermo. ¿Qué está ocurriendo en Italia?, ¿por qué tales movilizaciones? La polémica se produce como consecuencia del intento del Gobierno italiano de modificar del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores que regula una cuestión central de las relaciones laborales: el reconocimiento del despido libre. Es decir, cuando un despido es declarado nulo o no procedente por el juez, el empresario podrá despedir al trabajador e indemnizarle. Los sindicatos acusan al tridente formado por Berlusconi, Bossi y Fini, de aceptar las presiones de Confindustria (agrupación patronal), cuando tal cuestión no figuraba en el programa electoral de Forza Italia. El proyecto del Gobierno es confuso y provisional en su vigencia, sólo para cuatro años, y, además, diferencia en su aplicación entre los trabajadores del norte y el sur de Italia. Si tenemos en cuenta que en Italia no existe seguro de desempleo, como contraprestación de equilibrio con la seguridad de los contratos, y además se pretende reducir la cotización de los empresarios a la seguridad social durante el tiempo que dure la tramitación del despido, parece razonable que Sergio Cofferati, secretario general de la CGIL, haya denunciado el desequilibrio global que supone la propuesta gubernamental. No es extraño que Berlusconi haya citado a Margaret Thatcher como referencia política. La presión ultraliberal, también en España, pretende ampliar el excedente empresarial transformando, solamente, las relaciones laborales. La Italia de hoy necesita reformas, pero pactadas, y no conflictos ásperos e insensatos. Berlusconi pretende transformar una modificación parcial, pero profundamente inicua, del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, en un paradigma del fetiche de la modernidad.