Desde el 1 de enero de este año está en vigor la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, así como la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la misma. Ambas leyes obligan a que los presupuestos de todas las administraciones públicas se elaboren, ejecuten y liquiden con déficit cero o con superávit. Pues bien, con independencia a las críticas o desacuerdos que uno puede tener en lo que atañe a los argumentos económicos que fundamentan esta nueva legislación ¿que no viene al caso exponer ahora¿ pensamos que sí interesa anunciar algunos de los previsibles efectos o consecuencias que dicha normativa tendrá en la administración local, tanto en los municipios saneados como en aquellos que atraviesan dificultades financieras. Tres efectos serán, a nuestro juicio, los más relevantes. En primer lugar, se aumentará todavía más la dependencia política y financiera de los municipios, incentivando y reforzando así cualquier poder clientelar establecido. Recordemos al respecto que las inversiones locales se financian mediante tres bloques de ingresos: ahorro neto, subvenciones y deuda. Prohibida esta última y exhibiendo en general un ahorro miserable, las inversiones de los municipios gallegos serán en el futuro lo que el señor de las subvenciones disponga, circunstancia que agravará aun más la penosa situación actual. En segundo lugar, esta legislación abre con fuerza las puertas del sector público al capital privado, para que este financie y gestione, a cambio de un precio, servicios diversos. Las concesiones administrativas, el sistema alemán de llave en mano o los arrendamientos financieros, son fórmulas de penetración de la empresa privada en el mundo local, situación que no siempre se puede justificar en términos de cuantía, distribución o naturaleza del servicio afectado. Finalmente, se penalizará también a los municipios que gestionaron con prudencia y racionalidad los recursos públicos. Aplicar la misma receta a más de 8.000 municipios con situaciones económico-financieras tan diferentes, no parece sensato. Prohibir el endeudamiento a municipios con haciendas saneadas puede resultar tan injusto como ineficiente. Exponía yo todas estas cuestiones en un reciente seminario celebrado en Gijón, sobre la gestión financiera de las entidades locales, cuando un apreciado colega me advirtió con ironía y precisión: eso se llama el efecto Osasuna . ¿Se acuerdan? El Osasuna fue el equipo de fútbol más perjudicado ¿gestionando mejor que nadie su economía¿ cuando el Estado asumió parte de las deudas de los clubes para su conversión en sociedades deportivas. Así, con dinero público se ficharon nuevos jugadores, mientras el equipo navarro, que no recibió un duro, se hundía en el pozo de la Segunda División. ¿Castigará la ley de estabilidad presupuestaria a nuestros municipios más eficientes y modernos? Me temo que sí.