La Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia, obliga al Gobierno gallego, en materia de financiación municipal, a realizar tres cosas básicas: a) elaborar una ley de haciendas locales; b) cumplir el mandato constitucional de que los municipios participen en los tributos de la comunidad autónoma, y c) desarrollar la solidaridad territorial mediante un fondo de cooperación local (FCL). Van allá cinco años y los resultados son los siguientes: no existe ley de haciendas locales, la participación en los tributos de la comunidad autónoma comienza a regularse en este ejercicio y el fondo de cooperación local, único instrumento operativo en los años noventa, es ya una confusión con tendencia a la nada. Explicaremos esto con más detalle. El FCL es ahora un instrumento financiado con un porcentaje de la recaudación obtenida por los tributos autonómicos. Beneficia a todos los municipios y su distribución se hace con criterios de necesidad. Se cumple así el punto b) anteriormente mencionado. Pero también incluye recursos a extinguir para atender la solidaridad territorial en municipios menores de 15.000 habitantes. Las exigencias del punto c) quedan así, transitoriamente, atendidas. La idea resulta fantástica. En un mismo instrumento se funden (y confunden) suficiencia financiera y solidaridad. En breve plazo, ni eso. Por ley de presupuestos (2002) existen ya criterios y ponderaciones mínimas (que completará y aprobará la Comisión Galega de Cooperación Local) para el reparto de los recursos que atienden la suficiencia financiera (población, superficie, núcleos de población y esfuerzo fiscal). Del reparto solidario nada se sabe todavía. Pero los municipios tienen ingresos futuros garantizados, con incrementos anuales, no inferiores a los recibidos en el ejercicio 2000. Todo ello plantea, a nuestro juicio, objeciones fundadas que resumiremos a continuación. Una es reiterar la confusión y debilidad funcional que se produce cuando un instrumento como el FCL atiende objetivos tan dispares. Otra, que la solidaridad se extinga. La tercera crítica es que el FCL sigue representando un porcentaje muy reducido de todos los recursos autonómicos que benefician a los municipios. Del resto (subvenciones, convenios y ayudas diversas) nada se dice, legitimando así un reparto discrecional que altera radicalmente cualquier fin perseguido con la distribución reglada. Y esto es grave. Finalmente, también resulta cuestionable la inutilidad de la variable esfuerzo fiscal. Porque tiene un peso reducido y porque siempre se garantizan recursos superiores a los del ejercicio anterior. En vez de incentivar el esfuerzo fiscal con subvenciones generosas, favoreciendo así la convergencia presupuestaria, se opta una vez más por ignorar ese mal endémico del municipalismo gallego que es el raquitismo presupuestario y la inhibición fiscal que lo sustenta.