El presupuesto participativo es una iniciativa singular, experimentada en la ciudad brasileña de Porto Alegre durante los años noventa, que genera en la actualidad cierta curiosidad intelectual e imitaciones diversas (Belo Horizonte, Montevideo, Sabadell, Rubí, Córdoba, etc.). A través de este proceso se intenta profundizar en la relación democrática afectando los cimientos que soportan la forma de hacer política municipal. Su objetivo es lograr que el presupuesto exprese cada vez mejor las preferencias e intereses de la población mediante la participación directa de los ciudadanos en su elaboración y fiscalización (articulando para ello procedimientos diversos), fijando así valores y prioridades sociales en la asignación de los recursos públicos. Como es fácil intuir, esta forma innovadora de elaborar un presupuesto genera simpatías y a veces entusiasmos elevados, pero provoca también críticas y escepticismos que deben ser considerados y analizados con atención. Algunos argumentos que defienden o cuestionan esta fórmula política se exponen, de manera resumida, a continuación. El presupuesto participativo refuerza la democracia representativa al introducir elementos saludables de democracia directa que evitan o limitan el amplio margen de discrecionalidad decisoria que tienen hoy los gobiernos. Además, reduce la desafección o distanciamiento entre política y ciudadanos, potencia las redes de capital social y la cultura democrática, estimula el compromiso y la responsabilidad, favorece la transparencia y es un verdadero antídoto contra el clientelismo y la corrupción. Pero sus críticos afirman que el proceso se realiza con reducida participación ciudadana (en Porto Alegre faltaban clases medias y personas acomodadas), que su articulación es compleja, que puede llevar a un vaciado competencial de las instituciones y que es problemática su traslación a los países desarrollados. En Brasil los medios de comunicación, así como los grupos de interés que tradicionalmente se beneficiaban del presupuesto, fueron en general bastante críticos con la propuesta. En todo caso, el presupuesto participativo se consolida en las ciudades que lo aplican -percibiéndose los altibajos que ofrece el recorrido de su progresiva institucionalización- y consigue extenderse también a otros municipios y países que desean fundamentar su gobierno en un contexto de proximidad, participación y nuevos escenarios de democracia local. Unos municipios con gobiernos que consultan y rinden cuentas permanentemente a los ciudadanos. Nosotros estamos convencidos que los municipios defienden mejor sus intereses colectivos si aceptan la complejidad e interdependencia creciente de actores y niveles de gobiernos, si protegen con celo su autonomía política, si generan complicidades inteligentes y sobre todo si consiguen desarrollar proyectos estratégicos en contextos de democracia radical.