SEÑORAS Y SEÑORES, donas e cabaleiros, ensanchad vuestra probada capacidad de asombro, porque la política os brinda un nuevo misterio: ¿la Ley de Calidad de la Enseñanza tiene una memoria económica? Si la tiene, ¿por qué se oculta? Si no la tiene, ¿cómo saber lo que costará aplicarla? En todo caso, ¿cuál es la diferencia entre una memoria y ese «intercambio de papeles» de que habla el ministro de Hacienda? Toda la clase dirigente -salvo Cascos y Fraga, metidos a inaugurar la autovía- está entregada a penetrar en tan insólito enigma, con ímprobos esfuerzos de investigación y consulta. Al final, tendrá que terciar el Tribunal Constitucional, paño de lágrimas de perdedores y última residencia de las meigas. Digo yo que los ministros pueden ser lerdos, pero no tan suicidas como para enviar al Congreso una ley sin el detalle de la memoria, si la memoria fuese imprescindible. Es un complemento bueno, correcto, adecuado, incluso recomendable, pero no preceptivo. Sospecho, por ello, que el PSOE encontró un argumento populista, pero insuficiente para detener la tramitación legal. Y se equivoca, además en el camino: es inútil pedir a la presidenta del Congreso que rechace el proyecto, porque no tiene obligación de hacerlo. Otra cosa es el sentido común y la estética. El PSOE sólo tiene que apelar a ellos, porque ambos dicen que resulta elemental conocer el coste de la calidad de la enseñanza. Si es mucho, para saber en qué se gastarán los próximos impuestos. Si es poco, para elogiar la economía reformista del gabinete. Y, si no es nada, para santificar a Pilar del Castillo, que conseguirá el milagro de mejorar la Educación sin hurgar en el Presupuesto. Pero digan algo, leñe, aunque lo pida la oposición. Los papeles de Cristóbal Montoro no son de su cuenta privada, sino de fondos públicos. Y, cuando se niega información de dinero público, es inevitable pensar que tienen algo que ocultar.