La comunidad autónoma de Madrid acaba de activar un nuevo impuesto sobre carburantes destinado a financiar la sanidad. Así, los carburantes madrileños se gravan ahora tres veces: impuesto especial, Impuesto sobre el Valor Añadido e impuesto autonómico. Para dulcificar tan criticable sobreimposición aparecen frases graciosas («durito sobre la gasolina», «céntimo sanitario») que intentan minimizar su naturaleza y efectos. Pero la ocasión es magnífica para emitir opinión. Si los impuestos son el precio de la civilización -afirman los clásicos-, no debemos sentir vergüenza ni pedir perdón por defender la solvencia fiscal. Los interrogantes presupuestarios tienen hoy, como tenían ayer y tendrán mañana, similar relevancia: ¿cuánto sector público queremos?, ¿cómo se financia?, ¿quién se beneficia del gasto?, ¿qué efectos provoca el intervencionismo público en el crecimiento y la distribución de la renta? La respuesta al segundo interrogante, que ahora nos ocupa, debe realizarse en este contexto. La justicia distributiva exige que los impuestos se paguen en función de capacidades económicas y del beneficio que generan los servicios individualizados no distributivos. Los indicadores que miden estas capacidades son la renta, la riqueza y el consumo. Los sistemas fiscales configuran así un patrón distributivo específico en cada país. Hasta la década de los años ochenta, la fiscalidad de los países desarrollados giraba en torno al impuesto sobre la renta personal, ocupando la imposición sobre el consumo y patrimonio un lugar secundario. Este diseño (modelo renta) se contrastaba desde el plano teórico con un sistema alternativo basado en la imposición personal sobre el gasto, que incluía también impuestos sobre la riqueza y la herencia (modelo gasto). El resultado de esta controversia explica en parte la situación actual. Desde entonces el modelo renta se reformó incesantemente hasta ser irreconocible. Reducción y simplificación de la tarifa, ampliaciones y minoraciones en la base, incentivos diversos y tratamientos diferenciados para las rentas del trabajo y del capital. Además, el fraude permanece y no se armonizan todos los rendimientos. Los menores ingresos se compensan con impuestos indirectos, tasas, precios y una potencial fiscalidad verde. La quiebra de la equidad fiscal es evidente. La aparición del impuesto autonómico para financiar la sanidad se explica en este contexto normativo. Su extensión a otras comunidades es sólo cuestión de tiempo. ¡Ay los gastos de farmacia! Pero los impuestos siguen siendo instrumentos de civilización y su legitimación social se fundamenta siempre en la justicia de su reparto.