LA CATÁSTROFE ecológica causada por el buque Prestige ha revelado lo difícil que es la coordinación entre Gobierno y comunidades autónomas en las situaciones de emergencia. Ante acontecimientos extraordinarios, hay algo que no funciona en nuestro Estado, como ya se había puesto de manifiesto en el caso de las vacas locas o en la contaminación de Doñana. Lo importante es saber quién manda, por parafrasear a Lewis Carroll. Sin embargo, en las semanas iniciales de la crisis, el Gobierno se ha dejado enredar por el formalismo de las competencias exclusivas, cuando en la realidad todos los poderes de gobiernos locales, autonómicos, nacionales y europeo son de hecho compartidos y no hay zonas de responsabilidad nítidas y aisladas unas de otras. Además, en los primeros compases de la crisis, el Gobierno ha tenido la tentación de minimizar la catástrofe y de analizarla con una cierta mentalidad burocrática, como si el daño producido por el Prestige fuera fácilmente cuantificable y los efectos del desastre pudieran desaparecer en un plazo breve, algo que la realidad testaruda desmiente. Los símbolos y la capacidad ejecutiva son muy importantes en momentos de incertidumbre y desesperación extendida en una sociedad. La lección aprendida de catástrofes ecológicas o crisis alimentarias anteriores debería llevar a reaccionar de más y no de menos. Sólo en el plano europeo la actuación del Gobierno de Aznar ha sido contundente, apoyada por la comisaria Loyola de Palacio. Más de quince años de integración europea bien gestionados han dado a España una posición de interlocutor obligatorio y respetado en Bruselas. Todos los indicios apuntan a que en el Consejo Europeo de Copenhague que tiene lugar estos días, España podría conseguir que se adopte un compromiso firme para dar un salto cualitativo en la seguridad marítima de nuestro continente. También podría obtener para Galicia, ahora o más adelante, la sede de la futura Agencia Europea de Seguridad Marítima, que empezará a funcionar a partir del 2003 para desarrollar y aplicar la política comunitaria en este campo y coordinar las políticas nacionales, una decisión que sería a la vez práctica y simbólica. Faltaría por poner en marcha un plan europeo integral sobre catástrofes que permitiese dar una respuesta supranacional a situaciones como ésta, que desbordan el ámbito nacional. El Plan Europeo permitiría que los ciudadanos vieran en la Unión no sólo un mercado, sino una comunidad política con capacidad de movilizarse en situaciones de emergencia a favor de las costas gallegas, bretonas o adriáticas, que son de todos los europeos. Además de reparar el daño y prevenir situaciones de emergencia futuras, nuestra clase política y las administraciones públicas deben prepararse para afrontarlas más resueltamente cuando puedan ocurrir. El grado de desarrollo económico, social y cultural de España merece que los que la gobiernan desde distintos niveles estén preparados para dar respuestas enérgicas a crisis muy graves, que ojalá no se repitiesen nunca. Al fin y al cabo, la actuación en momentos excepcionales define en buena parte cómo valoran los ciudadanos la normalidad democrática del día a día.