VIVIMOS TIEMPOS de elecciones políticas, donde compiten partidos políticos, pero donde no se habla de impuestos, que es siempre un problema político. Y así nos va. Los impuestos tienen dimensión política porque generan efectos económicos diversos, ofrecen patrones distributivos distintos, se fundamentan en la equidad y molestan a los políticos. Pero somos muchos los que queremos saber cómo se financian las obras y servicios, quiénes se benefician de los mismos y quién los paga. Pero además de estos aspectos relevantes y comunes de la imposición, el municipalismo gallego (con raras excepciones) arrastra un problema político grave que explica su minusvalía. Nos referimos al raquitismo presupuestario y a la inhibición fiscal que lo sustenta. Es el problema político central. Las cifras son tozudas y reiterativas. Como también lo es el silencio y la infravaloración de los hechos. Estamos así en una dialéctica desigual entre visibilidad y ocultación de realidades objetivas que afecta negativamente a la democracia. Recordemos los datos. Los municipios gallegos menores de 10.000 habitantes (81% del total) tienen un presupuesto medio (expresado en euros per cápita) que representa el 54% del que gestionan los municipios españoles de población similar, pero sus ingresos tributarios sólo suponen el 42% de la cifra media española. En los municipios del tramo 10.000-50.000 habitantes (17% del total) esas cifras son, respectivamente, 60% y 55%. Si la demanda de servicios locales es insaciable en todas partes, ¿qué problema político municipal es mayor que este? Esta realidad sobrevive porque existe un poderoso sistema de subvenciones y ayudas discrecionales y porque se infringe con reiteración la legalidad vigente. Las subvenciones (autonómicas y provinciales) superan ya los 240 millones de euros/año (40.000 millones de pesetas/año), mientras la infracción más común es gastar sin crédito ni procedimiento. El coste para la institución municipal es inmenso: subordinación, dependencia, trato desigual, castración política. Por eso es imposible defender el municipalismo gallego ignorando el problema. Prometer en estas condiciones de penuria fiscal menos impuestos y más de todo -como dicen algunos- es un sarcasmo que sólo tiene la virtud de desnudar (dejar en pelota) al controlador de las subvenciones. Pero ignorar el problema es también una irresponsabilidad política de consecuencias incalculables. Defender a los municipios exige hoy quebrar esta situación patológica y programar a medio plazo un proceso de normalización institucional con medidas concretas que favorezcan la convergencia fiscal y presupuestaria. Es la rebelión pacífica todavía pendiente del municipalismo gallego.