GRACIAS a nuestra ley electoral seguimos presenciando cambalaches entre partidos para repartirse el poder después de cada consulta electoral o, como en la comunidad de Madrid y merced al recio personal que puebla la Federación Socialista Madrileña (*), asistimos a una excelente comedia de enredo y figurón. Una vez más, también, oímos las gastadas declaraciones de que los pactos de tal o cual sitio son «contra natura», suponen «una estafa al electorado» y reflejan un «talante antidemocrático». El fariseísmo de esta cantinela es similar a las acusaciones de manipulación política de la televisión pública. Si se tiene la paciencia de acudir a las hemerotecas se comprobará que el PSOE utiliza los mismos argumentos de ataque que usaba el PP para criticar la manipulación de RTVE y que el PP emplea para defenderse palabras idénticas a las del PSOE. Con la vigente ley electoral ocurre otro tanto. Todos critican sus resultados pero ninguno cambia un sistema establecido desde las primeras elecciones generales, que se extendió después a las autonomías y ayuntamientos, donde aún resulta más pernicioso. El sistema actual desvirtúa la voluntad mayoritaria de los electores, incita a la proliferación de pequeños partidos regionales y locales, orientados a pactar en función de las prebendas recibidas. En un Estado autonómico como el español, con un grado de descentralización superior al de los Estados federales, los partidos nacionalistas, que ya gobiernan o ejercen su poder en sus respectivos parlamentos autonómicos, deberían presentarse en un número mínimo de circunscripciones y superar un porcentaje de votos en cada una de ellas para adquirir escaños en el Congreso de los Diputados. En los ayuntamientos, los ciudadanos tendrían que elegir directamente a su alcalde y a los representantes de distrito, base de una ciudadanía moderna, y en el Parlamento, parlamentos autonómicos, diputaciones y consistorios habría que hacer una segunda vuelta entre las dos fuerzas más votadas, cuando una de ellas no alcanzase el 51% de los escaños. La solución la conocen todos pero son todos los que quieren mantener el patio de monipodio de una ley electoral que da poder a los partidos en detrimento de los ciudadanos y que es contraria a la cordura que pide la compleja gobernación de la cosa pública española. (*) Al poco de regresar del exilio Josep Tarradellas y asumir la presidencia provisional de la Generalitat de Cataluña, el mítico patriota catalán y español se reunió con Alfonso Guerra y en un momento de la conversación, Tarradellas recalcó a su interlocutor: «Y usted, señor Guerra, cúideme a la Federación Socialista Madrileña porque¿ anda que la que nos armó en el 36¿».