EL SISTEMA de reparto que fundamenta las pensiones públicas es una conquista social que combina de forma inteligente tres aspectos relevantes. Uno subraya que la aportación del trabajador al sistema, a través de las cotizaciones, regula después la cuantía de la prestación recibida. El segundo aspecto resalta la solidaridad intergeneracional, que significa un reconocimiento explícito de que los países se construyen entre todos y que entre todos podemos garantizar además ciertos mínimos retributivos. Finalmente, estaría el protagonismo del Estado para corregir, modular y garantizar la solvencia del sistema. Las pensiones públicas representan, pues, no sólo una extraordinaria conquista de los trabajadores, sino también una parte sustantiva de nuestra forma de producir y de vivir. Pero los sistemas de reparto son hoy injustamente vapuleados por motivos diversos, destacando al respecto las estrategias catastrofistas y la peligrosa interiorización del miedo escénico. Es útil, pues, recordar algunas cuestiones de interés. La primera hace referencia a las cotizaciones sociales. Porque aunque existen dos cuotas (la patronal y la obrera), ambas son soportadas por el trabajador. El razonamiento es sencillo y está contrastado empíricamente. Imaginemos un mercado laboral, sin seguridad social, donde el empresario paga 100 unidades monetarias al trabajador. Si después aparece el Estado y obliga al empresario a pagar 30 unidades de cotización, el trabajador recibirá finalmente un salario de 70, que se minora además por la cuota obrera y las retenciones del IRPF. O sea, que la cuota patronal se traslada también sobre el trabajador mediante una reducción del salario. Otro aspecto relevante es que ninguna experiencia ha demostrado que los sistemas de capitalización ofrezcan soluciones colectivas mejores o más equitativas que los de reparto. Privatizar las pensiones en nombre de la libertad o del miedo es apostar por la desigualdad, por el conflicto intergeneracional y por el individualismo insolidario. Obviamente, los sistemas de reparto pueden convivir con sistemas complementarios de acceso voluntario, pero no sustituirlos en nombre de la libertad o de la quiebra. La estrategia catastrofista ofende siempre a la inteligencia y capacidad de las generaciones futuras para resolver sus problemas sociales básicos. Cuando la lógica mercantil y el beneficio privado invaden la esfera pública, hay que estar muy atentos. Porque la eficiencia proclamada es en ocasiones más ideología que realidad y porque la rentabilidad social del servicio público es a veces incompatible con el lucro privado. El sector público creció y se desarrolló precisamente para corregir al mercado, no para subordinarse al mismo.