DESPUÉS DE dos años y medio de gestión directa en RTVE, la SEPI ha fracasado en el objetivo que le marcó el Gobierno: acabar con el déficit de la televisión pública nacional y conseguir equilibrar sus cuentas (ingresos menos gastos, igual a cero). Algo más de treinta meses han servido para rapiñar la publicidad a los medios de comunicación privados, llevar el déficit acumulado hasta los casi 7.000 millones de euros y mantener las pérdidas anuales de explotación. Es decir, la SEPI ha agravado el problema y ha transferido parte de la deuda a la televisión privada gratuita, merced a la política comercial de dumping que ha llevado las tarifas de publicidad hasta los precios de 1996, elevando la ocupación publicitaria de TVE1 y TVE2 del 60 y el 40 por ciento, respectivamente, al cien por cien en las dos cadenas. Ahora Televisión Española emite tanta o más publicidad que las privadas y sus contenidos siguen siendo tan comerciales como los de las televisiones privadas gratuitas. ¿Para este viaje hacía falta la SEPI? Y, ¿para este modelo de televisión hace falta TVE? Por el camino de este despropósito presentaron su dimisión el secretario general y el gerente de RTVE, propuestos (nombrados) por el presidente de la SEPI y enfrentados con el director general de RTVE, nombrado por el Gobierno. Una lucha entre el equipo económico, partidario de una gestión racional de los recursos, y el equipo político, más preocupado por conservar el liderazgo de la audiencia a cualquier precio. En 2003 RTVE, que se financia por tres vías, como reconoce hasta el propio profesor Barea: «del Estado, de la publicidad y de préstamos del mercado de capitales para financiar las pérdidas, que pueden considerarse como ayuda pública», sólo recibirá subvención del Estado por 82,4 millones de euros, que representa el 5,5 por ciento del total de los gastos. Por publicidad tiene previsto ingresar este año 760 millones de euros, que supone el 50,7 por ciento de los gastos. El resto, descontados los 82,4 millones de subvención directa, serán pérdidas de explotación. Si esa subvención directa se ajusta al coste de los programas de servicio público, tal y como definió el Gobierno la misión de servicio público en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para 2002, no vale la pena mantener una televisión pública nacional que apenas emite programas de servicio público. Si, por el contrario, los costes de los programas de servicio público son mayores y no se cubren tampoco con los 760 millones de ingresos por publicidad, el Estado está incumpliendo las normas de la Comisión Europea. Sea una u otra, RTVE sigue en la ilegalidad y el Gobierno mirando para otro lado, mientras el sector privado clama por un modelo de televisión que acabe con estas tropelías públicas.