ALEMANIA, Italia, Holanda y Portugal están ya, técnicamente, en recesión. Francia está mal y Suiza peor. Irlanda, Grecia y España mantienen un cierto crecimiento pero flojean en la distribución. Y ello es imprescindible para asociar crecimiento a bienestar social. La Unión Europea no creció en el segundo trimestre de 2003, dice Eurostat. Un panorama sombrío por razones diversas, pero que abre un debate sobre el pacto de estabilidad, las medidas a adoptar y los procesos de decisión. Los objetivos básicos de la política económica se pueden resumir en dos apartados: a)lograr un crecimiento sostenible; b)mejorar la distribución primaria que origina el mercado. Ambas cuestiones son clave para el bienestar social. El crecimiento necesita una demanda solvente, así como empresas eficientes y competitivas incentivadas por políticas públicas. La redistribución exige favorecer la equidad fiscal y garantizar la igualdad de acceso a los servicios esenciales. La sensibilidad sobre estas cuestiones diferencia en principio a los partidos conservadores de la socialdemocracia. Pero armonizar crecimiento y redistribución no es sencillo. Exige siempre la presencia de un pacto fiscal (explícito o implícito) que los poderosos no toleran bien. Ese pacto es robusto en los países nórdicos y débil en el nuestro. O sea, que también aquí hay diferencias. En todo caso, el escenario económico es complejo y contradictorio. Una variable relevante de la crisis alemana -además del coste estructural de la reunificación- es la reducción de su demanda agregada por caída de las exportaciones y del consumo interno. Esto afecta al crecimiento, al empleo, a las rentas y a los ingresos tributarios. A corto plazo, la teoría recomienda inyectar liquidez en el sistema (bajando los tipos de interés y los impuestos) y devaluar incluso la moneda. Pero eso genera déficit público. Por otro lado, el largo plazo exigiría incentivar cambios y reestructuraciones industriales, así como más inversión en capital humano, investigación y tecnología. Y ello también agranda el gasto público. Pero el gobierno está limitado. Algunas decisiones ya corresponden al Banco Central Europeo y otras chocan con la rígida doctrina del déficit cero. Pero las contradicciones no cesan. Las autoridades españolas, que equilibran sus cuentas gracias a los fondos europeos (sobre todo los procedentes de Alemania) y que falsean o maquillan los presupuestos hasta alcanzar cotas intolerables, acusan con dedo inquisitorial el déficit público de los países europeos y le conminan a su corrección. Sin espacios para la duda y la flexibilidad. Y es que la fe del carbonero es así de nefasta e irresponsable. En la política, en la academia y en la religión.