LÍNEA ABIERTA
09 sep 2003 . Actualizado a las 07:00 h.LA PROVINCIA es una jurisdicción pensada básicamente para el funcionamiento de un Estado centralizado. Podemos recordar ahora el elevado protagonismo político que las Diputaciones provinciales exhibían en épocas no muy lejanas. En todo caso, la Constitución no supo o no pudo resolver bien este problema. Diseñó una estructura político-administrativa descentralizada, pero mantuvo la provincia por razones de equilibrio y correlación de fuerzas. El resultado final es una distorsión permanente que algún día habrá que afrontar y corregir. Veamos si no su declive y ciertas contradicciones relevantes. Uno. En los últimos veinte años, las entidades provinciales experimentaron una regresión económica y política significativa que se reproduce en la actualidad. Así, en 1980, las Diputaciones gallegas gestionaban el 44 por ciento de los recursos locales, mientras los Ayuntamientos administraban el 56 por ciento restante. En 1991 esos porcentajes eran, respectivamente, 35 y 65. Hoy son ya 22 y 78. O sea, el desarrollo democrático otorgó más presupuesto y atención al municipio que a la provincia. Dos. La capacidad económica de las diputaciones provinciales para llevar a cabo sus funciones de apoyo municipal también mermaron significativamente con el desarrollo autonómico. En 2000 los municipios gallegos recibieron 27.294 millones de pesetas de la comunidad autónoma, mientras las subvenciones provinciales fueron 8.835 millones. Obviamente, estos hechos exigen coordinación, transparencia y cierta jerarquía administrativa, pero las Diputaciones juegan ya papeles objetivos que son cada vez más secundarios o de importancia menor. Tres. El saldo neto de las transferencias entre diputaciones y ayuntamientos en cada provincia son dispares y reiterativos. Dicho saldo es positivo para los municipios de A Coruña y Pontevedra y negativo en Lugo y Ourense (la diputación reciba más que entrega). Este comportamiento anómalo deteriora la autonomía municipal e impregna de rémoras, influencias y paternalismos indeseables a la entidad provincial. Cuatro. Si el eje atlántico y las ciudades gallegas son ya referentes clave para la vertebración social, además de motor principal para el desarrollo económico, parece razonable apostar por nuevos conceptos que afectan a la ordenación del territorio, eficiencia económica y protagonismo institucional. Esos conceptos son los espacios metropolitanos, las áreas y regiones urbanas, así como las comarcas con sustancia política. Mantener de forma irreflexiva el modelo provincial vigente, parece un error con elevados costes de oportunidad. Los poderes públicos de Galicia tienen la obligación inexcusable de pensar, debatir y actuar sobre tan delicadas y relevantes cuestiones.