EN INFORME reciente Vicenç Navarro y Águeda Quiroga ( La protección social en España y su desconvergencia con la Unión Europea ), ambos de la Universidad Pompeu Fabra, denuncian la posición del gasto social en España con respecto a la UE. Su tesis es la siguiente: el desarrollo económico de un país se mide básicamente por su bienestar social y calidad de vida ciudadana. En dicho bienestar son clave las políticas públicas que afectan a la educación, sanidad, vivienda, pensiones, ayuda a la familia, etc., resumidas habitualmente bajo el término de gasto social. Pues bien, ese gasto es en España no sólo el más bajo de la UE (después de Irlanda), sino que también decrece con respecto a la cifra media europea (83% en 1993; 71% en 2002). Además, menos gasto social significa baja natalidad, más desempleo y más dificultades para la mujer. Son problemas que no constituyen hoy el centro del debate político, esencial para la mayoría de la población, por ausencias y enredos interesados. En todo caso, interesa cerrar el círculo incorporando dos cuestiones que a nuestro juicio faltan en el análisis. Una es conocer cómo se financia el gasto social en España y qué efectos reales genera. La otra hace referencia a una deslealtad institucional que también debe ser conocida y denunciada. El gasto social, ahora transferido a las comunidades autónomas, se financia con un sistema insuficiente, desigual y regresivo. Insuficiente, porque el gasto crece a mayor ritmo que el ingreso; desigual, porque la riqueza y capacidad tributaria de las regiones también lo son; regresivo, porque los salarios, los impuestos indirectos y las tasas, aportan entre el 80 y 90 por ciento del ingreso total. O sea, que en buena medida los trabajadores y las personas con rentas medias y bajas soportan y se benefician del gasto social, reduciendo así la capacidad redistributiva del sector público y dificultando además los aumentos impositivos. En este contexto descentralizado, las reducciones fiscales llevadas a cabo por el gobierno central generan escenarios insoportables para las autonomías. Porque el ministro del ramo ya sacude la hombrera y responsabiliza a las comunidades autónomas del menor gasto social, subrayando a continuación que las mismas disponen de instrumentos tributarios suficientes para ampliar el gasto. El discurso del ministro se completa anunciando una nueva rebaja impositiva y recordando además la ley de estabilidad presupuestaria. Es sin duda una deslealtad institucional perversa y dañina para el desarrollo político de las autonomías. Pero es lo que hay. Exigir ajustes en la financiación del sistema parece inevitable, aunque alguien sonría en la distancia fumándose un puro con gesto displicente.