TEÓRICAMENTE la naturaleza y funcionalidad del Estado de Bienestar descansa en dos pilares diferenciados. Por un lado, existen políticas monetarias, fiscales y de rentas destinadas a incentivar y fortalecer el crecimiento, la acumulación, la productividad y el empleo. Por otro lado, se desarrollan políticas sociales, de contenido redistributivo, para ayudar a la parte más débil de la sociedad (niños, enfermos, ancianos, pobres y parados). Con estos dos bloques de políticas públicas, lo países europeos resuelven sus problemas y gestionan los conflictos sociales, si bien las mismas exigen fundamentos teóricos, un pacto fiscal más o menos explícito y un respaldo social mayoritario. Los partidos conservadores enfatizan más el crecimiento que la distribución. En este sentido, las políticas públicas intensifican la regulación de actividades, las subvenciones a empresas, los beneficios fiscales a las mismas, la flexibilidad del mercado laboral, la reducción de los impuestos sobre la renta y sobre la riqueza o la privatización del patrimonio y de la gestión pública. Los términos utilizados para legitimar este intenso y extenso intervensionismo público de los llamados liberales, son mercado, eficiencia, crecimiento y empleo. Por el contrario, los partidos socialdemócratas (acusados de intervencionistas) aparecen como más sensibles por la distribución y el gasto social, defendiendo la dimensión pública de la enseñanza, sanidad, pensiones o vivienda. Obviamente, hablamos de acentos y sesgos más o menos gruesos, porque los conservadores no pueden ignorar la redistribución y los socialdemócratas el crecimiento y el empleo. Pues bien, en un artículo anterior mostrábamos cómo España y Galicia están a la cola (y bajando) en materia de gasto social con respecto a las cifras medias europeas, lo que nos parece tan dramático como coherente con la lógica conservadora. Conseguir el déficit cero bajando los impuestos, sólo es posible reduciendo el gasto, si bien una parte del mismo aflora fuera del presupuesto y otra es ajena a la contabilidad del ejercicio. Pero que el empleo sea insatisfactorio en términos de precariedad y de accidentalidad -aplaudiendo su crecimiento- resulta lamentable. Porque entonces tenemos un gasto social reducido, además de un empleo precario y de baja calidad. O sea, que fallan los dos pilares del Estado de Bienestar. Y así no se converge con la UE. Lo dice el informe del Consello de Relaciones Laborales y otro que elaboraron los tres sindicatos más representativos (CC.OO, UGT y CIG). Y es que al poder hay que hablarle siempre claro -le sobran los botafumeiros- para neutralizar su tendencia a la visión triunfal. Aunque le moleste. Aunque sea arriesgado. Como siempre.