El lenguaje de las pensiones

| XAQUÍN ÁLVAREZ CORBACHO |

OPINIÓN

LÍNEA ABIERTA

13 oct 2003 . Actualizado a las 07:00 h.

EN 1985 la pensión media de la Seguridad Social era en Galicia 153,26 euros (25.500 pesetas / mes). En 2002 su cuantía fue 432,38 euros (71.942 pesetas / mes), multiplicando por 2,8 la cifra anterior. Esto supone un crecimiento medio anual del 10,7% en el período. Es una forma (incompleta) de ver el proceso. Porque si ajustamos la inflación equiparando capacidades de compra, ese crecimiento se reduce al 1%. Además, hay que considerar las cifras relativas. En 1985 la pensión gallega representaba el 91% de la media española; en 2002 el porcentaje era 83% (8 puntos menos, equivalentes a 14.394 pesetas / mes). Por el contrario, en el País Vasco o Madrid, donde en 1985 la pensión superaba ya la media española (116% y 113%, respectivamente), alcanza hoy porcentajes más elevados: 126% en el País Vasco (sube 10 puntos) y 119% en Madrid (sube 6 puntos). O sea, las pensiones afloran también el ritmo y la diversidad de los espacios económicos. Otro aspecto singular de las pensiones gallegas viene dado por el peso relativo del sector primario, así como por su financiación solidaria. Estas pensiones representan el 44,6% del total y absorben el 34,8% de los recursos del ejercicio (268.563 millones de pesetas). En 2002 su financiación fue como sigue: activos del sector primario (10,4%); autónomos (4,3%); trabajadores del régimen general (24,5); trabajadores del resto de España (60,8%). Es decir, dentro de Galicia los autónomos y trabajadores del régimen general financian con sus excedentes una parte de las pensiones agrarias y del mar, aportando los trabajadores de otras comunidades autónomas el porcentaje más significativo (157.870 millones de pesetas). Un ejemplo magnífico de solidaridad personal y territorial. Por eso las pensiones son patrimonio de los trabajadores y no favor o juguete electoral del gobierno de turno. Y esto lleva a la última reflexión. Si las pensiones, la sanidad o la educación son instrumentos estratégicos del bienestar social que afectan a millones de personas, debatir sobre cantidades, calidades y financiación parece de sentido común. Por eso los impuestos, tasas y cotizaciones sociales tienen una radical dimensión política que hoy ocultan, ignoran o temen los políticos, probablemente porque creen poco en lo público. Cuando triunfa la idea de que impuesto equivale a robo, a picaresca o a menor crecimiento, sólo queda ocultar las desigualdades generadas y silenciar sus graves consecuencias sobre los más débiles. Por eso hay que mirar a los ojos de quienes defienden las reducciones fiscales. Saber qué tributos son los elegidos y a quién beneficia esa reducción. Porque si la política se rinde o sólo es mera disputa de poder, estamos perdidos. Y burlados. Y vapuleados.