LA SANIDAD pública gallega sufre una crisis financiera grave. Los ingresos del presupuesto no llegan para financiar los gastos del ejercicio. Y así llevamos varios años. Presumiendo de déficit cero, pero ocultando tontamente los déficit reales. Como si el grano no fuera a explotar. Los economistas explican el crecimiento del gasto sanitario por varios motivos: unos son de carácter general (mayor esperanza de vida, fuerte innovación tecnológica, demanda creciente de servicios sanitarios al aumentar la renta personal) y otros más específicos (gasto farmacéutico, ineficiencias de gestión, etcétera). Pero la pócima no es un impuesto sobre hidrocarburos. Varias razones fundamentan esta afirmación. La primera porque el impuesto es regresivo y de dudosa constitucionalidad. Regresivo porque no considera la renta y las circunstancias familiares del contribuyente; de dudosa constitucionalidad, porque su creación se debe a una ley de acompañamiento a la de presupuestos y no a una ley sustantiva (artículo 134.7 CE). La segunda porque el tributo genera una sobreimposición evidente. Los hidrocarburos ya están gravados por un impuesto especial, por el IVA (que además recae sobre el impuesto especial) y ahora por el impuesto autonómico. Otra razón nace de la ruptura del consenso logrado para reformar la financiación autonómica (el impuesto se introduce a última hora mediante enmienda en el Senado) y de quebrar el principio general de no afectación impositiva. En todo caso, hay que reconocer el fracaso de la llamada «reforma definitiva» de la financiación autonómica. En su primer año de aplicación (2002), la comunidad gallega tuvo que endeudarse para financiar el Sergas. En el segundo (2003), desconocemos lo que pasa. En el tercero (2004), se introduce el impuesto sobre hidrocarburos y se refuerzan las tasas. ¿Qué sucederá en el cuarto o el sexto? Además, la falta de lealtad institucional provoca indignación. El Gobierno se queda con el grueso de los impuestos básicos y transfiere a las autonomías el gasto social. Después anuncia rebajas fiscales. Finalmente, aconseja a comunidades y municipios que sean responsables y suban los impuestos cuando los ciudadanos demanden servicios. Como en la película del bueno, el feo y el malo. Por último, subrayar que la fórmula elegida es ineficaz porque no ataca la raíz del problema. Este se concentra en el gasto farmacéutico, en una gestión manifiestamente mejorable y en revisar el modelo de financiación para ajustar la participación de las autonomías en los principales impuestos del Estado. Sin corregir esas variables, la historia será circular y en breve plazo subirá otra vez el impuesto sobre hidrocarburos. Y es que los errores políticos nunca son gratuitos.