DICE LA CONSTITUCIÓN: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán suponer, en caso alguno, privilegios económicos y sociales» (artículo 138.2). Y responden los hechos: eso es la teoría, Constitución, porque hasta ahora la financiación por habitante de las comunidades forales (País Vasco y Navarra) resulta muy superior a la que reciben las comunidades autónomas de régimen común, siendo este un factor permanente de inestabilidad política y de agravios comparativos indeseables. Y añade Pasqual Maragall en su discurso de investidura: «Los ingresos por habitante de la Generalitat tenderán a equipararse progresivamente a los obtenidos en aplicación de los sistemas de conciertos (...) La Generalitat contribuirá a la solidaridad, con el resto de comunidades, a los efectos de que los servicios prestados por las distintas comunidades autónomas a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares realizando un esfuerzo fiscal parecido (...) La transparencia (de las balanzas fiscales) es la primera de las exigencias de Cataluña, porque Cataluña sabe que la transparencia le dará la razón». Pero este diálogo civilizado entre la Constitución, los hechos y la Generalitat, se desenvuelve mal en contextos de histeria, nervios o alarmismos interesados. Porque los tiempos son llegados para superar el privilegio y el incumplimiento constitucional reiterado. Se acusa a Cataluña de quebrar las reglas de juego porque desea aproximarse a la financiación per cápita de las comunidades forales. Pero su opción quiere y puede mejorar los equilibrios actuales. La otra opción sería recortar los excesos financieros de vascos y navarros. Se acusa a Cataluña de ser insolidaria por reabrir el debate sobre la financiación autonómica. Pero nadie pregunta si la actual participación de las comunidades autónomas en los impuestos del Estado es la que en justicia corresponde a la nueva distribución de gastos y competencias. O como diseñar la solidaridad territorial sin fondos europeos. Utilizar el análisis, el diálogo, la serenidad y el acuerdo político para resolver cuestiones tan esenciales, es una bendición. Menos convincente resulta, a nuestro juicio, acudir a las balanzas fiscales para reclamar más recursos económicos. Las balanzas fiscales ofrecen siempre información valiosa para hacer ajustes y propuestas en espacios económicos abiertos (esfuerzo fiscal, gestión tributaria, economía sumergida, etcétera), pero no deben ser arma arrojadiza contra nadie. Porque frente a la balanza fiscal está siempre la balanza comercial. En Galicia la primera es positiva y la segunda negativa. En Cataluña sucede al revés. Las dos balanzas no tienen el mismo signo en los países civilizados.