DE NUEVO la financiación autonómica ocupa espacios extensos en los medios de comunicación y en el discurso político, mareando a su vez, en cuantía e intensidad diversa, a la gran mayoría de ciudadanos ya de por sí abrumados por múltiples problemas económicos y familiares. La última reforma del sistema (aprobada en diciembre de 2001), suprimió las revisiones quinquenales anteriores porque deseaba alumbrar un «modelo de financiación definitivo». Ahora el legislador ya sabe lo que se tarda en cuestionar tan brillante decisión. Un país organizado políticamente de forma descentralizada tiene siempre períodos de aprendizaje, dicen los teóricos del federalismo fiscal. Por eso el problema esencial de las relaciones intergubernamentales es más de rigidez que de complejidad. Por eso la estructura política de un país descentralizado es un compromiso cambiante, no una verdad inescrutable. En todo caso, ¿existen razones objetivas que exigen reformar la financiación autonómica? A nuestro juicio sí y afectan, al menos, a las siguientes materias: desigualdad de ingresos por habitante entre las comunidades forales (País Vasco y Navarra) y de régimen común; financiación insuficiente de la sanidad; reforma de la solidaridad territorial ante la ampliación de la UE y, finalmente, necesidad de corregir las disfunciones asociadas a la gestión tributaria. La desigualdad de ingresos per cápita entre comunidades forales y de régimen común, así como la insuficiente financiación de la sanidad (por no contemplar en el año base el gasto real y por la dinámica creciente del mismo), obligan a incrementar gradualmente la participación autonómica en los impuestos generales (IRPF e IVA), ajustando mejor ingresos y competencias y eliminando además el anacrónico impuesto sobre hidrocarburos afectado a la sanidad. Otra razón objetiva que obliga a reformar la financiación autonómica es la reducción paulatina de los fondos europeos destinados a corregir desequilibrios territoriales. En los presupuestos de Galicia (2004) estos fondos superan los 600 millones de euros. Finalmente, estaría el diseño de una administración que gestione mejor los impuestos cedidos y compartidos. Algunas comunidades critican a la agencia tributaria actual por ausencia de incentivos recaudatorios, lucha contra el fraude fiscal y puntualidad en la recepción de las liquidaciones periódicas. Pensamos que la financiación autonómica jugará papeles relevantes en las próximas elecciones generales porque es materia sensible, compleja y extremadamente manipulable. Y aunque muchos ciudadanos saben que estas cuestiones sólo son fructíferas cuando existe reflexión, sosiego y acuerdos políticos amplios, nos tememos lo peor.