SI LAS LEYES que regulan una actividad social relevante se incumplen de forma sistemática, algo no funciona. Pero si nadie pestañea y reina la indiferencia o la inconsciencia, la cosa es ya más grave. Porque sus efectos negativos pueden no ser visibles a corto plazo o porque el interés privado triunfa sobre cualquier modelo de convivencia racional. Construir un Estado de Derecho resulta, pues, una tarea más lenta y compleja de lo que en principio parece. Exige fuerte colaboración ciudadana, vocación democrática robusta e instituciones públicas eficientes. Miren sino lo que sucede actualmente con la disciplina urbanística, las infracciones de tráfico o el fraude fiscal. En lo que atañe concretamente a la disciplina urbanística -cuestión que ahora nos ocupa- la legislación es contundente. Porque la administración municipal tiene la obligación inexcusable de abrir expediente y suspender de inmediato cualquier construcción que carece de licencia o que no se ajusta a las condiciones de la misma. Si la obra no es legalizable, se procederá a demoler lo construido a costa del interesado, forzando su ejecución mediante multas coercitivas reiteradas, o bien a través de la propia administración. Si la obra es legalizable, se requerirá al interesado para que en un plazo determinado ajuste la licencia a lo construido. Cuando los responsables municipales incumplen estas obligaciones o no adoptan las medidas necesarias para proteger la legalidad urbanística, serán requeridos por la Consellería de Política Territorial que además dará cuenta al Ministerio Fiscal para exigir, en su caso, las responsabilidades que correspondan. Pero entre la norma y la realidad existen a veces distancias agotadoras. Por eso los gobiernos locales deberían hacer un saludable ejercicio de reflexión histórica y conocer cuantos expedientes de disciplina urbanística se iniciaron en los últimos diez años y cuantos se completaron, cuantas multas se pusieron y cuantas se cobraron, cuantas obras ilegales fueron derribadas o cuantos alcaldes fueron requeridos y denunciados al Ministerio Fiscal. Estamos convencidos que los resultados serían interesantes y de gran utilidad. Sobre todo para las corporaciones más jóvenes. Construir un urbanismo racional, efectivo, visible y socialmente aceptado, es un objetivo magnífico que a todos concierne. Sabemos que el inicio del año es tiempo de promesas y de compromisos diversos. Pero las instituciones tienen la obligación de saber e interiorizar que el urbanismo no es una frivolidad. Exige compromisos profundos con el país y con la generaciones futuras. Obliga a reparar deudas extensas por insensibilidad y destrozos. Necesita pedagogía, diálogo, tenacidad y mucha capacidad política.