COMO LA DEUDA es menor porque lo exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los ingresos de las haciendas territoriales se clasifican hoy en dos grandes apartados: a) ingresos por tributos propios; b) ingresos por transferencias y subvenciones. En los municipios gallegos, por ejemplo, ambos conceptos explican prácticamente el presupuesto (entre el 91 y 96 por cien del mismo). Los tributos propios afectan a los ciudadanos del municipio. Las subvenciones --que también son ingresos impositivos- las pagan el resto de contribuyentes. Una es fiscalidad propia. La otra, fiscalidad ajena. Los impuestos son siempre la sombra del político y hay que recordárselo. Nos deben muchas explicaciones al respecto. Los tributos propios refuerzan el autogobierno, la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal. Además, hacen visibles los costes de los servicios y disciplinan a gobernantes y ciudadanos. Cuando los tributos propios son relevantes, las demandas locales se resuelven en la jurisdicción respectiva, no reclamando más recursos o trasladando a otros responsabilidades propias. Las transferencias se justifican, en cambio, por motivos diversos (suficiencia financiera, solidaridad, colaboración institucional), pero su importancia relativa explica siempre el grado de dependencia financiera que tienen los gobiernos. Además, las transferencias socializan costes, favorecen clientelismos políticos, generan ilusiones fiscales y provocan paternalismos diversos. Por eso las transferencias deben ser siempre regladas y transparentes. Si los impuestos son la otra cara de las obras y servicios que exhibe un alcalde triunfador, este debería explicar mejor por qué desea reducirlos -cuando así sucede- para triunfar y ganar las elecciones. Porque las respuestas actuales son conjuntos vacíos. Inhibir la fiscalidad propia sin reducir gastos, como sería lo lógico, es querer gobernar con más subvenciones e incluso con nocturnidad y alevosía. Así, los ciudadanos que no votan ni se benefician del gasto pagan la factura sin saberlo. Pero entonces, ¿quién explica tan perversa situación?, ¿qué opinan los municipios no favorecidos?, ¿qué argumentos expone la administración subvencionadora? La respuesta es siempre el silencio. Porque el temor es grande, la sensibilidad escasa y el nervio está débil. Urge, pues, aflorar tan injustas, opacas e ineficientes relaciones presupuestarias. Lo exige la democracia y la decencia política. La fiscalidad ajena entrará en razón cuando se enfaden los que la soportan, cuando la Fegamp analice y debata estas cuestiones básicas y cuando la solidaridad se fundamente en el rigor, la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, la bruma política tendrá aquí las horas contadas.