AUNQUE parezca increíble, el espectáculo de un jefe de gobierno reunido con los terroristas más buscados se pudo haber mejorado. Bastarían sólo dos cosas: una, que el CNI regalase a una televisión las dos grabaciones que hizo de las reuniones de Carod con Batasuna y ETA. Tendría, por lo menos, tanto éxito como el juicio que va a enfrentar a Sara Montiel con su ex marido cubano. Otra, que la policía hubiera entrado en la sala del encuentro y hubiera detenido, de una misma tacada, a Josu Ternera, Antza y al conseller en cap de la Generalitat. Los tres juntos: ¡buena redada! Eso sí que sería un contubernio, y no los que contaba el franquismo. Aunque también parezca increíble, hay periodistas y políticos que se preguntan por qué no se hizo esto último. Y no les falta razón: si se busca a un delincuente y se le encuentra, lo normal es detenerlo. Pero los servicios de inteligencia no funcionan con esa lógica. Ellos vigilan a los delincuentes y sospechosos en el ámbito de la seguridad del Estado, pasan la información a quien corresponda, que es el Gobierno, y nunca detienen nadie. Lo suyo es la información. Su deber es tener controlados a los terroristas. Así se evitan atentados. Las detenciones son de otra ventanilla y se administran según convenga a la eficacia de la lucha antiterrorista. ¿Sabe esto la oposición? Naturalmente. Lo que ocurre es que ahora trata de dar la vuelta a la tortilla de Carod-Rovira y convertirla en un problema del Gobierno con esta otra lógica: el Gobierno tuvo la información del CNI y, en vez de utilizarla contra ETA, la utiliza con fines electorales contra sus adversarios en las urnas. No es asunto menor, porque pone sobre el tapete la función del Centro Nacional de Inteligencia. Dicho de forma un poco burda: se trata de saber si los espías del Estado investigan a los sospechosos de poner en peligro la seguridad de ese Estado o controlan también a dirigentes políticos elegidos por las urnas. En el primer caso, estamos ante el cumplimiento de un deber. En el segundo, ante una faz propia de un Estado policial. Y, si esa faz se utiliza, además, en beneficio de un partido, se podría pensar que se han rozado los límites de una dictadura camuflada. Es tan inquietante, que se hace preciso que el presidente Aznar dé la explicación que todos esperamos: que aquí sólo se espía a los delincuentes. ¿O es que Carod-Rovira, por el hecho de pensar como piensa, tiene que ser espiado en todos sus movimientos? No quiero ser ingenuo: sí. En estos tiempos de inseguridad territorial, todo independentista con poder es sospechoso y tiende a ser entendido como un peligro para el Estado. Pero eso no lo va a confesar al Congreso ningún responsable del Gobierno.