EN ENERO del 2003, siguiendo las recomendaciones de Donald Rumsfeld, José María Aznar encabezaba un Manifiesto contra la Vieja Europa y, poco después, viajaba a las Azores para compartir con Bush y Blair la declaración de guerra contra Irak, cuando el Consejo de Seguridad, la Unión Europea y la opinión pública española e internacional se oponían a ella. En los últimos meses, Aznar ha dedicado su tiempo a desfilar por los foros internacionales predicando la necesidad de un nuevo y fuerte atlantismo, que no es más que la forma eufemística de expresar su plena sumisión a Washington y de justificar la subordinación de Europa a EE. UU. Ahora, amparándose en la defensa del Pacto de Estabilidad -una coartada razonable, pero al fin y al cabo una coartada-, el presidente español, respaldado por los jefes de Gobierno de tres países de la Unión (Portugal, Italia y Holanda) y de dos aspirantes (Polonia y Estonia) abandera una nueva ofensiva contra el eje franco-alemán, precisamente en vísperas de la cumbre que esos dos países y el Reino Unido celebran hoy en Berlín. No hay duda: nuestro obstinado presidente está dispuesto a perseverar, hasta el último minuto de su mandato, en una política errática que conduce inevitablemente a España a una posición periférica en la Unión Europea. Sin embargo, nunca ha explicado convincentemente las motivaciones del Gobierno para sostener esta política, ni los intereses nacionales que se pretendían defender con ella. En un primer momento se presentó la implicación en la guerra de Irak como la necesaria correspondencia al apoyo que recibe España en la lucha contra ETA. ¿Qué relación tenía el régimen de Sadam con el terrorismo, y en particular con el terrorismo en España? Y, en todo caso, en la lucha contra ETA, ¿es Francia o EE. UU. el aliado principal? Posteriormente se insinuó que lo que realmente se buscaba con nuestra aventura bélica era una verdadera alianza estratégica con el Reino Unido, con el fin de crear un polo de equilibrio frente al eje franco-alemán. El resultado de esta delirante política es incuestionable: mientras hoy se reúnen Blair, Schröder y Chirac para diseñar el futuro de Europa, Aznar sigue suscribiendo misivas desde la marginalidad europea. Así pues, resulta imposible definir el beneficio que reporta a nuestro país la política exterior que ha venido defendiendo el gobierno. En cambio, son incuestionables las desastrosas consecuencias de esa orientación política. En primer lugar, España ha provocado una ruptura histórica y simbólica con el mundo árabe, imposibilitando que nuestro país pueda desempeñar el papel de puente político y cultural entre las dos orillas del Mediterráneo. Algo especialmente grave si se considera que el mundo árabe seguirá siendo una variable estratégica central en los próximos años y, además, terminará por convertirse en un problema interno para la propia Europa. En segundo lugar, la política del Gobierno ha conducido a la ruptura de nuestra alianza con Francia y Alemania, arruinando así varios años de trabajo paciente y eficaz de la diplomacia española para situar a España en el centro de la construcción europea. Porque, en efecto, tanto desde el punto de vista de la ampliación de la UE a los países del Este como el de la necesaria estabilización de las relaciones en la cuenca mediterránea, España sólo puede desempeñar un papel significativo en una relación estrecha y solidaria con Francia y Alemania. Nadie que piense seriamente en los intereses vitales de nuestro país podrá negar la necesidad y la urgencia de un cambio de rumbo en nuestra política exterior, que devuelva a España al núcleo central de la construcción europea y le permita recuperar su histórica y privilegiada relación con el mundo árabe y América Latina. Pero, en democracia, sólo los ciudadanos pueden decidirlo. El próximo 14 de marzo tienen la palabra.