HASTA el día 15 de marzo, todas las acciones políticas llevarán el sello de la desconfianza. Por eso hay importantes decisiones aparcadas en espera de que pase esa fecha. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre la impugnación del Gobierno al Plan Ibarretxe hasta pasadas las elecciones. Si sus vocales tienen algo decidido, lo guardan como un secreto de estado. No quieren que alguien les reproche que interfieren en el proceso electoral. Pero la gran muestra de desconfianza se verá en la concentración de esta tarde en Barcelona. Allí estarán todas las fuerzas políticas y sindicales de Cataluña. Faltarán el PP y la asociación Víctimas del Terrorismo. Son ausencias notables porque se trata, en principio, de un acto de repulsa a ETA, de rechazo de la tregua y de solidaridad con «todos los ciudadanos del Estado». Y es muy sintomático que, siendo tan nobles los objetivos, falte precisamente el partido que gobierna España y se atribuye los éxitos de la lucha contra la banda armada. Se puede entender. Los convocantes han sido tacaños con el nombre de España: lo sustituyen por «el Estado». Incorporan al lema la defensa del autogobierno, que es algo que nadie discute, pero no significa lo mismo para José María Aznar que para Carod-Rovira. Y, en general, el PP entiende que es un acto oportunista, con dos finalidades ocultas: obtener un perdón preelectoral para Esquerra Republicana y fortalecer el tripartito, que tanto ha sufrido con las andanzas de Carod. Y no nos engañemos: tiene razón en esas sospechas. Habría que ser muy ingenuos para no descubrir que, tras la condena a ETA, se esconde la intención de echar una cortina de humo sobre los últimos acontecimientos y el deterioro de Carod y Maragall. Un sentido de coherencia indica que quien, como el PP, ha pedido y sigue pidiendo que se rompa el gobierno de coalición de la Generalitat como única salida a la crisis, no puede estar en la concentración. ¿Os imagináis allí a la ministra Julia García Valdecasas, después de sus palabras? Aquello podría terminar en un enfrentamiento civil. Con lo cual, me temo que la conclusión sea penosa: no es que el partido que gobierna España no quiera estar allí. No es que tenga serias razones políticas para no acudir. Es que, además, no puede. Es que, si envía a algún representante a la cabeza de la manifestación, podría ser entendido como un enemigo que se ha colado y tratado como tal. Podría verse en un escenario agresivo y hostil. ¡Qué barbaridad! Ése es todavía el drama de este país: que en algunos lugares no se puede conseguir la unidad política. Ni siquiera ante ETA, que es el enemigo colectivo. Eso, hasta ahora, sólo pasaba en el País Vasco.