EN EL DESGRANAR de ofertas electorales ha tocado el turno a la Ley de Propiedad Intelectual, monumento a la irreflexión política que un día aprobó un PSOE en retirada a propuesta de Javier Solana y que está generando la mayor litigiosidad que hayan conocido los tribunales españoles en los últimos siglos (7.000 pleitos por esta materia). Mariano Rajoy se ha descolgado con la promesa de que si gana dedicará la primera parte de la legislatura a conseguir, entre otros objetivos, una nueva ley de propiedad intelectual que logre el máximo consenso y de paso ha lanzado un aviso. Tras explicar que su visión de la cultura consiste en crear cauces de libertad, alertó de que su política puede provocar roces con sectores que prefieren un marco dirigista y más protector, «acaso por considerarse con títulos para ser los destinatarios exclusivos de tal protección». Bienvenida sea esta valentía en Rajoy y ojalá sirva de ejemplo para otros, más propensos a lo políticamente correcto que a mojarse en temas polémicos que requieren coger al toro por los cuernos. Naturalmente, luego viene la obligación de cumplir lo que se promete y de no hacer lo que decía Tierno Galván con tanto garbo: que los programas electorales están para incumplirlos. La actual ley de propiedad intelectual permite y promueve la creación sin límite de entidades de gestión colectiva y algunas de éstas reclaman, además, derechos que ya han sido abonados por los operadores de televisión por lo que, en realidad, están exigiendo un doble pago contrario a la ley. Normalmente cada una ostenta una clara posición de dominio en la categoría de derechos que gestiona por lo que, evidentemente, se convierte a su vez en monopolio y exige a los operadores que utilizan tales derechos unas remuneraciones y condiciones abusivas y desproporcionadas. El ordenamiento vigente permite también que estas entidades fijen, individual y autónomamente sus tarifas con total libertad y sin ningún tope, sin que exista sistema previo alguno de control, supervisión o ponderación que garantice que las tarifas son razonables. En el 2002, las entidades de gestión de derechos de autor que tenían depositadas en el Ministerio de Cultura sus tarifas para ese año y que pretendían aplicar a los operadores de televisión eran: Sociedad General de Autores de España (SGAE), 2,1172% de los ingresos brutos de explotación de cada una de las cadenas; DAMA (autores audiovisuales), el 2,0%; AISGE (actores), 1,5%; AIE (intérpretes musicales), 0,37% y AGEDI (productores de fonogramas), 0,322%. Total: 6,3092%. Cada televisión nacional analógica tiene unos ingresos brutos aproximados de 600 millones de euros y varias han dado pérdidas en los últimos ejercicios. Hagan ustedes números.